“Prohibir celulares en escuelas puede violar derechos de la infancia”: advierten desde la sociedad civil
La postura fue expresada por Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la asociación, quien subrayó que “las decisiones legislativas no pueden partir del castigo o la censura, mucho menos cuando se trata de tecnologías que forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones”.
Contreras reconoció que el uso de celulares dentro del entorno escolar requiere regulaciones claras y protocolos homogéneos, pero alertó que apostar por la prohibición absoluta abre más riesgos de los que se busca prevenir. Entre ellos, mencionó la invisibilización de casos de violencia digital, acoso escolar o violencia sexual, que a menudo ocurren fuera del aula, pero impactan directamente en la comunidad estudiantil.
“Una política mal diseñada puede dejar sin herramientas de protección a los menores, cortarles canales de comunicación con sus familias o limitar su acceso a información segura y oportuna”, dijo.
Cultivando Género recordó que tanto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como su homóloga estatal, reconocen el derecho de las infancias al acceso a la tecnología, internet y medios digitales. Además, citó la Recomendación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la cual obliga a los Estados a fomentar el uso seguro, responsable y acompañado de las tecnologías, evitando las prohibiciones tajantes.
“Proteger no significa restringir, significa educar, acompañar y escuchar”, enfatizó la activista.
Uno de los ejes centrales de la crítica lanzada por la asociación es que las infancias han sido sistemáticamente excluidas de los procesos legislativos, pese a que las decisiones que se toman impactan directamente en su cotidianidad. “Los adultos no pueden seguir diseñando políticas públicas de espaldas a quienes van dirigidas”, reclamó Contreras.
La organización también cuestionó la falta de transparencia en torno a la propuesta legislativa: hasta el momento, no se ha socializado el contenido completo del proyecto de ley, ni se ha convocado a organizaciones especializadas ni al propio Instituto de Educación del Estado para generar espacios de diálogo previo a su aprobación.
En su mensaje, Angélica Contreras hizo un llamado urgente a los diputados locales a abrir un proceso participativo y técnico, que permita contrastar enfoques punitivos con políticas integrales de bienestar y prevención.
“Es momento de legislar con perspectiva de derechos y no desde el pánico moral. Si queremos proteger a nuestras infancias, tenemos que escucharlas, no silenciarlas”.
Por ahora, la iniciativa continúa generando inquietud en sectores sociales, académicos y educativos. Se espera que en los próximos días el Congreso del Estado aclare los alcances de la propuesta y abra espacios de participación ciudadana antes de emitir una votación.
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