“Fue una imposición disfrazada de elección”: Abogado misanteco detalla irregularidades en el nombramiento de Rosalba Hernández al Poder Judicial de Veracruz
Misantla, Ver., a 19 de junio del 2025.- Los recientes resultados que perfilan a Rosalba Hernández como presidenta electa del Poder Judicial del Estado de Veracruz han encendido la polémica en el gremio jurídico. El abogado misanteco Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, de G Abogados de Misantla, denunció este martes una elección “dirigida, sin transparencia ni participación real”, y describió al proceso como un mecanismo al servicio de intereses políticos.
“Ni los propios abogados sabíamos de la trayectoria de Rosalba Hernández”, afirmó Sánchez Ortiz. “Fue un diseño desde el gobierno, ejecutado con operadores locales y un padrón controlado: ni siquiera hubo debate de propuestas”.
Contexto y antecedentes
1. Convocatoria opaca: La Comisión Especial para la Selección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió la convocatoria el pasado 5 de junio, con plazo de registro apenas de cinco días y sin audiencias públicas para los aspirantes.
2. Perfil de la candidata: Rosalba Hernández, hasta ahora magistrada de Sala Civil del TSJ, ingresó al Poder Judicial en 2019 tras una designación por “acumulación de méritos”. No cuenta con publicaciones ni cátedras en universidades locales, según registra su hoja de servicios.
3. Padrón y votos: De los 65 consejeros involucrados, 48 sufragaron en una junta a puerta cerrada el 15 de junio; Hernández obtuvo 35 votos, mientras su contendiente más cercano, el magistrado Francisco Jiménez, alcanzó apenas 12. El resto se declaró “abstención”.
Denuncias principales de Sánchez Ortiz
· Falta de convocatoria amplia: “No hubo espacio para que académicos o litigantes externos presentaran una plataforma de gobierno judicial”.
· Votación recluida: “Se celebró en una sala sin acceso de prensa ni observadores; conocemos a varios consejeros que no sabían siquiera por quién votaron”.
· Ausencia de méritos demostrables: “Su perfil carece de trayectoria académica y publicaciones especializadas; su nombramiento responde a cuotas políticas”.
· Riesgo para la imparcialidad: “El Poder Judicial no es caja chica de partidos; este método abre paso a sentencias inclinadas hacia intereses privados o del Ejecutivo local”.
Implicaciones nacionales e internacionales
Sánchez Ortiz recordó que México está sujeto a compromisos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que exigen independencia judicial:
“Si no garantizamos procesos transparentes, la violación a estándares internacionales podría traducirse en recomendaciones u observaciones formales al Estado mexicano”.
El problema de raíz: un sistema procedimental inerte
Más allá del nombramiento, el abogado subrayó que las raíces del rezago judicial son estructurales:
· Herencia jurídica francesa y española: Procesos extensos, requisitos formales excesivos y nulo uso de tecnología.
· Retrasos crónicos: El promedio de duración de un juicio civil supera los 18 meses; en materia penal, la etapa de instrucción puede rebasar dos años.
· Desconfianza ciudadana: Encuestas recientes del INEGI muestran que solo el 32% de los veracruzanos confía en el Poder Judicial, por percepción de corrupción y lentitud.
¿Qué esperar en los próximos tres años?
Carlos Gabriel Sánchez Ortiz prevé un periodo de administración rutinaria, sin reformas ni acercamiento al usuario judicial:
“No veremos modernización de tribunales, ni digitalización eficiente, ni mecanismos de justicia restaurativa. Será un más de lo mismo, con procesos interminables y un rostro distinto en la presidencia”.El INE relevó hace un mes que 33 magistrados electorales fueron dados de baja por no acreditar nivel mínimo de estudios, lo que, según Sánchez Ortiz, refleja “la baja estatura académica de quienes integran muchos órganos jurisdiccionales”.
· La Comisión de Derechos Humanos de Veracruz anunció ayer que vigilará el nombramiento para “proteger el interés superior de la justicia”.
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