Claudia Tello y su operador en las sombras: SEV, atrapada en una red de poder que amenaza la gobernabilidad educativa en Veracruz

Xalapa, Ver., a 28 de junio del 2025.- En el convulso escenario que enfrenta actualmente la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se ha desatado una tormenta política que pone en entredicho no solo la funcionalidad institucional del sector educativo, sino también la credibilidad del gobierno estatal. Todo apunta a la existencia de una estructura paralela de poder que opera con total discrecionalidad, socavando los principios de legalidad y transparencia.

En el centro de esta red se encuentra el nombre de Jorge Luis Fernández Bravo, operador político de confianza de la secretaria Claudia Tello Espinosa, quien se perfila para abandonar el cargo en medio del escándalo y regresar a su curul en el Senado. Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle García parece rebasada por una crisis interna que se agudiza semana tras semana.

Fernández Bravo no figura en ninguna nómina oficial ni ocupa cargo formal alguno dentro de la SEV. Sin embargo, su poder es absoluto, al punto de tomar decisiones sobre nombramientos, asignación presupuestal, programas estratégicos y operación política. Su oficina está en los pasillos, no en un escritorio; pero ahí es donde verdaderamente se mueve el engranaje educativo de Veracruz.

Fuentes al interior de la dependencia afirman que las instrucciones no emanan de la secretaria Tello, sino del propio Fernández Bravo, quien ha logrado incrustar a un grupo compacto de operadores en áreas clave, ejerciendo un control férreo sobre la estructura administrativa.

Este aparato de poder no podría sostenerse sin una red leal de funcionarios que provienen mayoritariamente de la pasada administración de Cuitláhuac García y que fueron reciclados desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) a puestos estratégicos en la SEV. Algunos de los nombres más señalados incluyen:

Arturo Orozco, secretario particular de Tello, enlace directo entre ella y Fernández Bravo.

María Elena Camacho, colaboradora de extrema confianza, que funge como filtro de decisiones clave.

Mauricio Cano Pineda, secretario técnico del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), acusado de cobrar a escuelas privadas por tramitar el REVOE.

Adrián Eduardo Gómez Ortega, exconvicto por secuestro, actual director de Administración en la UPV, sin perfil profesional adecuado.

José Conde Gómez, director general de Educación Primaria Federalizada, señalado por su servilismo y actitud autoritaria.

Ernesto Ixcoatl Alonso Flores, exfuncionario de SEFIPLAN, vinculado a maniobras presupuestales y propuesto para la Dirección Administrativa del COBAEV.

Azucena Domínguez Acosta, ex titular del Órgano Interno de Control, con antecedentes de encubrimiento.

Claudia Jeanett Castro Noguera, exadministradora en SEDECOP, integrada al grupo por relaciones personales más que por méritos.

La más reciente jugada del “clan Fernández-Tello” apunta hacia el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), donde intentan replicar el mismo modelo de control político y administrativo.

Los nombres propuestos para ocupar las direcciones más importantes del colegio carecen de trayectoria educativa y presentan antecedentes preocupantes:

José Luis Ponce Pazarán, sin experiencia en educación media superior, pretende asumir la Dirección Académica.

Ernesto Ixcoatl Alonso Flores, vinculado a desvíos presupuestales, busca el control administrativo.

Hilda Márquez Hernández, con nula experiencia en gestión de personal docente, fue propuesta para Recursos Humanos.

José Jaime Domínguez Piña, con historial de opacidad presupuestaria, aspira a la Dirección de Planeación.

Estos movimientos, realizados con total discrecionalidad, ignoran las líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo estatal y refuerzan la percepción de que la SEV ha sido secuestrada por intereses particulares.

Ante este panorama, la gran interrogante es inevitable: ¿Está enterada la gobernadora Rocío Nahle García de lo que ocurre dentro de la SEV? ¿Tiene conocimiento de cómo Fernández Bravo, escudado en su cercanía con Tello, ha tejido una red de complicidades que pone en riesgo la educación de miles de veracruzanos?

El proyecto de transformación en Veracruz no podrá consolidarse mientras se permita la existencia de estas estructuras paralelas de poder, que responden más a cuotas políticas que a capacidades profesionales.

La SEV necesita una sacudida institucional urgente. No más improvisados, no más cuotas, no más impunidad. La educación pública no puede seguir siendo botín de operadores políticos, ni campo de experimentación para redes de clientelismo.

La gobernadora tiene la responsabilidad de intervenir antes de que el daño sea irreversible. Si no hay una limpia profunda y una reestructuración basada en perfiles técnicos y ética pública, la factura política será inevitable y el deterioro del sistema educativo aún más profundo.