Cierre bajo la lupa: 40% de los ayuntamientos en Veracruz aún no aclaran cuentas públicas 2022 y 2023, alerta el Orfis
En entrevista, la funcionaria advirtió que si bien el 60% de los municipios ha logrado solventar las observaciones, presentando documentación o reintegrando recursos observados, el rezago restante podría derivar en graves consecuencias legales si no se atiende antes del fin de las administraciones.
“Esta preocupación de los alcaldes es real. Muchos de ellos ya se están retirando y la comprobación del uso de recursos públicos se complica cuando los funcionarios responsables ya no están en funciones”, subrayó González Cobos.
El panorama se torna alarmante, pues según explicó la auditora, conforme se acerca el fin del periodo constitucional de los actuales ayuntamientos, el riesgo de que los montos no acreditados se conviertan en daño patrimonial aumenta.
Aunque algunos municipios ya han comenzado a reintegrar parte de los fondos señalados, en muchos casos la falta de documentación que justifique el gasto persiste, situación que podría derivar en sanciones administrativas o incluso denuncias penales.
“Si el daño patrimonial está identificado y no fue solventado, es necesario que entreguen los documentos o devuelvan los montos no acreditados. De lo contrario, los procedimientos no se detendrán”, advirtió la titular del Orfis.
Desde el Órgano de Fiscalización, se ha hecho un llamado enérgico a las autoridades salientes para que agilicen la entrega de expedientes, facturas, contratos y demás pruebas que demuestren el uso legal y transparente del erario.
Además, se recomendó a los actuales cabildos no dejar esta responsabilidad en manos de sus sucesores, ya que las responsabilidades por daño patrimonial pueden extenderse más allá del cargo, y no prescriben con el cambio de administración.
“No se trata solo de cumplir con la ley, sino de cerrar con dignidad, con transparencia y sin manchas en la gestión pública”, remarcó González Cobos.
La revelación ha generado preocupación entre ciudadanos y organizaciones civiles, que exigen al Orfis y al Congreso del Estado mayor vigilancia y consecuencias firmes para quienes pretendan evadir la rendición de cuentas al final de sus gestiones.
Con más de 800 millones de pesos observados en años anteriores, la presión crece para que no se repita el patrón de impunidad al cierre del ciclo municipal.
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