Carlos Gabriel Sánchez Ortiz: “El pueblo no eligió jueces, se abstuvo; y eso dice mucho”.

Por Arquímedes González.

Misantla, Ver., a 10 de junio del 2025.- El pasado 1 de junio se llevó a cabo por primera vez en México un ejercicio inédito: la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Sin embargo, este proceso ha generado controversia entre expertos en derecho y juristas de todo el país. Uno de ellos es el reconocido abogado misanteco Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, quien compartió su visión crítica respecto a este mecanismo de selección.

En entrevista, el litigante advirtió que el modelo no solo carece de legitimidad, sino que podría derivar en un colapso progresivo del sistema judicial mexicano.

“La participación fue mínima. Apenas votó entre el 11% y el 12% del padrón. Eso quiere decir que más de 88 millones de mexicanos se abstuvieron. Esa abstención no es casual: es una señal de que este modelo no convence”, puntualizó.

Sánchez Ortiz explicó que, si bien la democracia es una herramienta valiosa, existen temas que no deben dejarse al juicio popular. Comparó la elección de jueces con una hipotética votación en un salón de clases para decidir una cirugía a corazón abierto: “no se puede elegir a un cirujano por mayoría de votos. Del mismo modo, la impartición de justicia exige experiencia y preparación, no popularidad”.

El abogado misanteco hizo énfasis en que el Poder Judicial no puede ser manejado con criterios políticos o populistas, ya que su función requiere un alto grado de especialización. “Nos estamos enfrentando a un panorama en el que los nuevos jueces podrían ser seleccionados sin experiencia previa en tribunales, sin formación en litigio ni conocimiento del proceso judicial. Eso, simplemente, es una bomba de tiempo”, afirmó.

“El costo de aprender será pagado por los ciudadanos”

Otro de los puntos que más preocupan al abogado es la curva de aprendizaje que enfrentarán los nuevos operadores jurídicos. Según explicó, dictar una sentencia no es un proceso simple, y las decisiones erróneas pueden tener consecuencias graves para los ciudadanos.

“El problema es que los efectos no se verán mañana ni en un mes. Los errores saldrán a la luz en tres años. Y para entonces, los procesos judiciales afectados serán incontables. ¿Quién va a pagar por esa improvisación? El ciudadano que reciba un fallo injusto”, advirtió.

Sánchez Ortiz también mencionó la creciente desconfianza hacia el sistema judicial y sus consecuencias sociales. Señaló que los discursos que han buscado desacreditar a jueces, magistrados y ministros han generado una percepción negativa en la población, lo cual está alimentando fenómenos peligrosos.

“Estamos viendo cómo la gente empieza a ejercer justicia por su propia cuenta. Toman carreteras, se manifiestan de forma radical, exigen sentencias inmediatas. Esto es consecuencia directa de haber minado la confianza en el sistema judicial”, dijo.

“La justicia no puede decidirse por tómbola ni acordeón”

Durante la charla, el abogado lamentó que se esté rompiendo con décadas de profesionalización judicial. Criticó que ahora existan aspirantes que, sin experiencia, estén cerca de ocupar cargos de alta responsabilidad jurídica.

“El derecho es complejo. Existen ramas, especialidades, procedimientos técnicos. No basta con saber leer un código, se necesita formación, maestrías, doctorados, años de carrera. ¿Qué seguridad jurídica ofrece un juez que llegó por tómbola o por acordeón?”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar esta política. Recordó que incluso organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), ya advirtieron sobre el riesgo que representa seguir este ejemplo.

“México no está dando una lección al mundo; al contrario, está dando pena. La OEA ya dijo: ‘No vayan a copiar este modelo’. Necesitamos evitar una catástrofe institucional. Ojalá el gobierno recapacite antes de que el daño sea irreversible”.