Trabajo forzado disfrazado de reinserción: reos del régimen de excepción son usados en remodelación de escuelas sin condena previa

El Salvador, a 29 de mayo del 2025.- Marta jamás pensó que dejar un paquete con jabón, papel higiénico y galletas para su hijo Carlos sería apenas el primer encargo del día. El nuevo aviso, casi como si se tratara de un trámite más, la descolocó: debía comprar ropa y botas de construcción. Su hijo, detenido desde abril de 2022 bajo el régimen de excepción y sin condena, había sido asignado para trabajar en la remodelación de escuelas públicas. “¿Pero si ni condenado está?”, se preguntó, desconcertada. La respuesta, como muchas otras en El Salvador de hoy, sigue envuelta en silencio institucional.

Desde la implementación del Plan Cero Ocio, el Gobierno ha promocionado la participación de más de 7,000 reos en fase de confianza —aquellos ya condenados— en la rehabilitación de 30 centros escolares en distintos municipios del país. Sin embargo, según constató este medio a través de fuentes penitenciarias y testimonios directos, también participan detenidos aún en fase de proceso, incluyendo a capturados bajo el régimen de excepción.

Un custodio penitenciario fue claro: “Están revueltos, hay en fase de confianza y del régimen”. A esto se suman las palabras de un reo sin sentencia firme que trabaja en la reconstrucción de una escuela en San Salvador: “Nos dijeron que si algún día somos condenados, estas horas nos van a servir para que nos reduzcan la pena”.

Este tipo de “promesa”, sin garantía jurídica clara, ha comenzado a levantar fuertes alertas entre expertos, jueces y organizaciones de derechos humanos, quienes ven en esta práctica una peligrosa normalización del trabajo forzado sin sentencia.

El marco jurídico vigente, como la Ley Penitenciaria y la Ley de Vigilancia Penitenciaria, es claro al establecer que los beneficios de reducción de pena por trabajo comunitario están reservados para personas ya condenadas, y solo bajo ciertas condiciones. Un juzgado consultado por este medio fue tajante: aunque el Consejo Criminológico Nacional acredite esas horas, los jueces no pueden otorgar el beneficio a quienes están en la primera fase de la pena o procesados por delitos graves como agrupaciones ilícitas, una acusación común entre los detenidos del régimen.

La especialista en seguridad pública Jeannette Aguilar advirtió que este esquema constituye “una forma moderna de trabajo forzado, con graves implicaciones éticas y legales”. Más aún, dijo, representa “un castigo anticipado” sin que medie sentencia.

Coincide la defensora de derechos humanos Celia Medrano, quien apuntó que la práctica contraviene instrumentos internacionales como las Reglas Nelson Mandela de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos enfáticos en que las personas privadas de libertad no condenadas no pueden ser sometidas a trabajo forzoso. “Lo que está ocurriendo es un abuso de las autoridades penitenciarias, disfrazado de rehabilitación”, declaró.

Mientras en los videos oficiales del Gobierno los internos aparecen como cuadrillas entusiastas y “capacitados en albañilería, carpintería, electricidad y pintura”, los testimonios de los propios reclusos revelan otra historia. Son sacados tras un breve sondeo en las celdas sobre sus habilidades técnicas, sin asesoría legal y sin garantías claras de beneficios futuros.

Uno de ellos cuenta que deben firmar casi a diario un registro con su número SIPE, nombre completo y delito imputado, lo cual —según dicen— se usará como constancia para futuras reducciones. “Nos tienen trabajando turnos completos, pero solo nos anotan ocho horas”, relata, mientras en el fondo se escucha el ruido de mezcla y martillazos en alguna escuela pública de Soyapango.

En algunos centros escolares como la Parvularia Jardín de Niños 22 de abril, vecinos han constatado jornadas incluso en la madrugada, y afirman que los reos duermen dentro de las instalaciones. Entre la ropa mojada tendida en cordeles y las herramientas amontonadas, el silencio se impone. “Sabemos que están aquí, pero nadie explica nada. Solo los vemos trabajar”, dice una residente.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, a través de su vocero Samuel Ramírez, condenó la situación como un nuevo abuso institucional: “Es explotación pura. No se les permite visitas, no tienen abogado, y ahora se les saca a trabajar bajo la promesa de un futuro beneficio que ni siquiera está garantizado. ¿Y si nunca los condenan? ¿Quién responde por ese tiempo y ese esfuerzo?”

Según familiares, en algunos casos, lo único que han tenido para confirmar que sus seres queridos están vivos ha sido verlos en videos gubernamentales o recibir mensajes clandestinos con la ubicación del centro escolar donde trabajan. La Dirección General de Centros Penales fue consultada por este medio sobre los criterios para incluir a reos sin condena en estas labores, pero hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial.

Más allá de lo que muestran las cámaras o los discursos institucionales, la práctica de sacar a trabajar a personas no condenadas, sin debido proceso y sin transparencia, no es una muestra de eficiencia estatal ni de reinserción exitosa: es, según expertos y familiares, una grieta legal que pone en riesgo el Estado de Derecho.

Mientras las escuelas se pintan de nuevo, el país parece pintar sobre los derechos de los que, condenados o no, siguen esperando justicia.