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Lorena Piñón critica la inseguridad, pero guarda silencio ante los abusos del poder

Veracruz,
a 15 de mayo del 2025.- En un discurso que busca colocarse del lado de la ciudadanía, la diputada federal y secretaria general del PRI en Veracruz, Lorena Piñón Rivera, lanzó severas críticas al operativo de seguridad federal anunciado por Omar García Harfuch para proteger el proceso electoral en el estado. Sin embargo, sus declaraciones huelen más a oportunismo político que a genuina preocupación por la violencia electoral.

Piñón advirtió que los 3 mil 500 elementos de seguridad prometidos por la federación son “insuficientes” para garantizar la seguridad de más de seis millones de votantes y casi cinco mil secciones electorales en Veracruz. “Esos policías no alcanzan para brindar seguridad ni a los candidatos ni a los ciudadanos”, dijo.

“Le pediría, le rogaría a García Harfuch que realmente ponga atención en la ola de violencia que vivimos”, expresó, apelando a la dramatización en un tono más mediático que institucional.

Sin embargo, las palabras de la diputada contrastan con su historial de complicidad y silencio ante las violencias políticas generadas y perpetuadas por el régimen del cual su partido ha sido parte en múltiples niveles.

Resulta cómodo para Piñón Rivera señalar con el dedo al gobierno federal, pero evita cualquier autocrítica respecto al papel del PRI en la crisis de seguridad que arrastra el estado desde sexenios anteriores. La misma diputada pertenece a una estructura política que históricamente ha solapado cacicazgos, pactos con grupos fácticos y corrupción institucional.

¿Dónde estaba su voz cuando cientos de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos fueron silenciados durante los gobiernos priistas de Duarte y Yunes? ¿Dónde estuvo su “preocupación por la ciudadanía” cuando se desviaban recursos públicos o se criminalizaba la protesta social?

La diputada también denunció que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha registrado 289 renuncias de candidatos por amenazas, lo cual es preocupante. Sin embargo, no ofreció soluciones concretas, ni propuso desde su curul acciones legislativas serias para enfrentar la violencia electoral.

En lugar de usar su cargo para impulsar un marco legal que garantice la participación política libre y segura, opta por el discurso superficial, el que se repite en entrevistas y ruedas de prensa, pero que no se traduce en resultados.

En Veracruz la violencia es real, la democracia está bajo amenaza, y la seguridad electoral exige una respuesta firme y coordinada de todos los niveles de gobierno y de todos los actores políticos. Pero cuando las voces que hoy levantan la mano fueron parte del problema ayer, sus críticas pierden fuerza y credibilidad.

Si Lorena Piñón quiere ser parte de la solución, debe comenzar por reconocer los errores de su partido, asumir responsabilidades y trabajar desde lo legislativo con altura de miras, no con el reflector de la campaña como brújula.

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