Escándalo en Veracruz: Rocío Nahle pone en la mira a exfuncionarios por desvíos millonarios; ahora toca turno a Francisco Enrique Pérez Carreón

Veracruz, a 8 de mayo del 2025.- La lucha contra la corrupción en Veracruz ha entrado en una fase decisiva. Tras iniciar acciones contra exfuncionarios como Jorge Sisniega Fernández, exdirector administrativo de SESVER, la gobernadora Rocío Nahle García ahora ha enfocado su atención en otro polémico personaje del sexenio anterior: Francisco Enrique Pérez Carreón, exdirector del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).

Según trascendió en fuentes cercanas al gobierno estatal, la mandataria ha solicitado a la Contraloría General del Estado (CGE) los expedientes y carpetas de investigación relacionados con el actuar de Pérez Carreón, cuyas acciones al frente del SSTEEV habrían provocado un fuerte quebranto financiero a la institución.

De acuerdo con versiones recogidas en reuniones entre la gobernadora y líderes sindicales del sistema educativo, el nombre de Pérez Carreón ha salido a relucir reiteradamente debido a los señalamientos por desvío de recursos durante su administración.

 Las acusaciones incluyen:

-Viáticos excesivos.

-Gastos de representación sin justificación.

-Renta de vehículos de lujo.

-Consumo en restaurantes de alta gama.

-Uso discrecional del presupuesto para fines personales.

Pero el escándalo no termina ahí. Fuentes al interior del propio SSTEEV confirmaron que, al cierre de la administración de Cuitláhuac García en octubre de 2024, Pérez Carreón se autorizó una liquidación por un millón de pesos, amparándose en una supuesta “extraordinaria labor” al frente del organismo. Esto, pese a que su gestión ha sido calificada como una de las más opacas y cuestionadas por los propios trabajadores del magisterio.

Cabe destacar que Francisco Enrique Pérez Carreón es primo del diputado federal y exsubsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, lo que ha levantado aún más sospechas sobre una posible red de complicidades dentro del aparato estatal en el pasado gobierno.

El mensaje que Rocío Nahle parece estar enviando es claro: no habrá protección para quienes hayan abusado del erario, sin importar sus nexos políticos o familiares. La mandataria ya ha dejado ver su enojo por el nivel de corrupción heredado y ha expresado de forma tajante que “no habrá impunidad para nadie”.

A poco más de seis meses de haber iniciado su gobierno, Nahle enfrenta no solo los retos heredados en materia de seguridad y finanzas, sino también la exigencia social de castigo ejemplar a quienes saquearon al estado. Ya cayó el primero —Sisniega—, pero la lista es larga y los expedientes esperan en los archivos de la Contraloría.

El caso de Pérez Carreón podría convertirse en el siguiente gran capítulo en la cruzada anticorrupción del actual gobierno estatal. Los ciudadanos, los trabajadores del sistema educativo y la opinión pública esperan que esta vez no haya borrón ni cuenta nueva.