Escándalo de corrupción sacude a Salud en Veracruz: Detectan daño patrimonial por más de 1,600 millones de pesos

Veracruz, a 6 de mayo del 2025.- Un presunto fraude millonario en los Servicios de Salud del estado de Veracruz sacude a la administración pública, luego de que el contralor general del estado, Ramón Santos Navarro, presentara una denuncia formal por daño patrimonial superior a los 1,600 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Así lo confirmó la gobernadora Rocío Nahle García, quien advirtió que habrá consecuencias.

La denuncia, derivada de los hallazgos realizados por una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), implica directamente al sector salud durante el sexenio del exgobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.

“Tengo que cuidar el patrimonio de Veracruz, esa es mi función”, sentenció Nahle García al ser cuestionada sobre el caso, tras encabezar el evento conmemorativo de la Batalla de Puebla en el Cuartel del 63 Batallón de Infantería.

La mandataria estatal confirmó que los señalamientos son graves y específicos, y que se procederá conforme a la ley contra los exfuncionarios involucrados, incluyendo a Guadalupe Díaz del Castillo Flores, exsecretaria de Salud, y otros integrantes del anterior gabinete estatal que habrían incurrido en contrataciones irregulares y desvío de recursos.

Aunque no mencionó directamente a su antecesor, la también exsecretaria de Energía en el gobierno federal señaló que su administración ya trabaja en subsanar y atender las irregularidades, subrayando que “nosotros tenemos que dar seguimiento” a las observaciones de la ASF.

“En su momento se dijo que las observaciones del ejercicio fiscal 2023 estaban solventadas, pero la auditoría forense encontró cosas que no estuvieron bien”, explicó Nahle.

Durante el mandato de Cuitláhuac García, tres personas ocuparon la titularidad de la Secretaría de Salud: Roberto Ramos Alor, hoy coordinador federal del IMSS Bienestar en Veracruz; Gerardo Díaz Morales, ya fallecido; y la ahora señalada Guadalupe Díaz del Castillo.

El presunto daño patrimonial, considerado uno de los más altos en la historia reciente de la Secretaría de Salud estatal, no solo amenaza con generar una crisis política, sino que podría derivar en procesos penales por corrupción, desvío de recursos públicos y posible colusión de intereses.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en el sector salud, uno de los más sensibles para la ciudadanía.

La gobernadora fue enfática: “Habrá sanciones. No se permitirá que el pasado empañe el compromiso que tenemos con los veracruzanos. Cada peso que se desvió, se tendrá que explicar y, si es necesario, devolver”.