Contrabando de gasolina: un multimillonario drenaje fiscal que desangra a México
El fenómeno, identificado técnicamente como huachicol fiscal, consiste en ingresar combustible al país bajo una fracción arancelaria distinta, como lubricantes o solventes, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y alterar la base del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esta práctica permite a los contrabandistas vender gasolina a precios más bajos, creando una competencia desleal y debilitando las finanzas públicas.
“El agraviado aquí es el Estado. Finalmente, es una evasión fiscal. Es contrabando en toda la extensión de la palabra”, declaró Santiago Arroyo, consultor energético y director general de Ursus Energy, quien ha dado seguimiento puntual al crecimiento de este delito.
El análisis de los datos comerciales revela un desequilibrio creciente entre las cifras de exportación de gasolina desde Estados Unidos hacia México y lo que el gobierno mexicano reconoce como importaciones legales.
De acuerdo con registros aduanales, entre 2014 y 2024, Estados Unidos exportó a México 248 mil millones de litros de gasolina, mientras que solo se registraron 176 mil millones de litros en las aduanas mexicanas. Esto deja un margen sin declarar de 72 mil millones de litros, de los cuales cerca de 19 mil millones ingresaron solo en 2024.
Este diferencial no puede explicarse por errores administrativos ni diferencias en el calendario fiscal. Es, como señalan expertos, la evidencia de un contrabando sistemático y masivo.
A finales de marzo de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incautó 10 millones de litros de combustible procedentes del buque tanque Challenge Procyan, que había partido del puerto de Beaumont, Texas, con destino al puerto de Tampico, Tamaulipas. Aunque fue presentado como un golpe significativo al contrabando, los datos sugieren que fue apenas un pequeño fragmento de un esquema mucho mayor.
La elección de rutas marítimas y terrestres clave también revela zonas vulnerables del país. Los principales puntos por donde se presume que ingresó el combustible de contrabando fueron las aduanas de Ciudad Juárez, Ensenada, Guaymas, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, según una revisión de las bases de datos de operaciones de comercio exterior.
Un dato particularmente revelador es el crecimiento exponencial en la importación de lubricantes desde 2020. A pesar de que el consumo de estos productos no ha tenido un repunte real, las importaciones aumentaron de forma desproporcionada.
La razón: los lubricantes no están sujetos al IEPS, lo cual los convierte en el disfraz ideal para introducir gasolina y otros hidrocarburos evadiendo impuestos. Esta maniobra, alertada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido replicada por múltiples empresas fantasmas y redes criminales, aprovechando la falta de supervisión en algunos puntos fronterizos y portuarios.
El impacto financiero de este contrabando no se limita al ámbito tributario. Pemex, la empresa estatal que ya arrastra una pesada deuda y múltiples problemas de operación, se ha visto doblemente afectada: por un lado, por la pérdida de mercado frente al combustible ilegal más barato; y por otro, por el rezago en ingresos fiscales que financian parte de su operación.
Además, la entrada masiva de combustible sin control sanitario ni técnico compromete la seguridad de los consumidores, los vehículos y la infraestructura, ya que no existen garantías sobre la calidad del producto ni sobre su almacenamiento y transporte adecuado.
Aunque la SSPC y el SAT han implementado operativos focalizados y estrategias de inteligencia financiera, las redes de contrabando continúan operando con gran eficacia. La falta de coordinación interinstitucional, la corrupción en aduanas y la complejidad legal para castigar el huachicol fiscal han frenado avances contundentes.
El reto, advierten expertos, es estructural: urge una reforma profunda del sistema de vigilancia aduanal, así como la profesionalización del personal fronterizo y portuario, el uso de inteligencia artificial en la trazabilidad de productos, y, sobre todo, voluntad política para enfrentar a las mafias del contrabando.
Mientras el gobierno federal promueve discursos de soberanía energética y fortalecimiento de Pemex, la realidad muestra una hemorragia fiscal difícil de contener. El contrabando de gasolina no solo es un problema de evasión, es un símbolo de cómo la debilidad institucional puede permitir que, literalmente, millones de litros de ilegalidad se filtren cada día por las venas del país.
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