Clausura explosiva en Veracruz: Guardia Nacional cierra gasolinera de los Yunes por presunta venta de huachicol
Veracruz, a 29 de mayo del 2025.- Un operativo inusualmente intenso irrumpió este miércoles en una de las esquinas más transitadas del Puerto de Veracruz: la gasolinera ubicada en avenida Simón Bolívar y Boulevard Manuel Ávila Camacho, propiedad del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, fue clausurada de manera indefinida por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
El motivo: presunta venta de gasolina robada, mejor conocida como “huachicol”.
El escuadrón federal arribó al sitio con un contingente de patrullas, rodeando el establecimiento y procediendo a inmovilizar las bombas despachadoras, luego de una denuncia formal recibida semanas atrás por la FGR, en la que se señalaban inconsistencias en la facturación de los combustibles vendidos en el lugar.
La noticia sacude no solo al sector energético local, sino también al espectro político estatal, pues la gasolinera pertenece a uno de los clanes políticos más influyentes de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del estado, ha sido figura central en el PAN y uno de los principales críticos de los gobiernos morenistas.
Hoy, su apellido vuelve a las primeras planas, pero por presuntos vínculos con el robo y venta ilegal de combustible. Hasta el momento, ni él ni sus hijos han emitido postura pública alguna sobre el hecho.
La lucha contra el robo de combustible ha sido una de las banderas más visibles del gobierno federal. Sin embargo, el señalamiento directo a una figura de alto perfil como Yunes Linares da un nuevo giro a la narrativa, alimentando sospechas de hasta dónde podrían estar infiltradas estas redes en los círculos de poder económico y político.
Las autoridades no han precisado cuándo podría reabrir la estación ni cuáles serán las consecuencias legales para los propietarios. Lo cierto es que la clausura ha desatado una ola de reacciones, tanto por parte de los ciudadanos que exigen justicia sin privilegios, como de opositores que consideran el operativo un golpe político disfrazado de justicia.
Pero más allá de la controversia, la clausura lanza un mensaje claro: nadie, por influyente que sea, está fuera del radar cuando se trata de delitos federales.
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