Operativo Mochila: ¿seguridad o vulneración de derechos en las escuelas de Veracruz?
La propuesta, impulsada por el también secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pone sobre la mesa la intervención conjunta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y, en teoría, de padres y madres de familia. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio preventivo con consenso social, parece abrir una nueva brecha de desconfianza entre el sistema educativo y la ciudadanía.
“No se trata de violentar derechos humanos”, expresó el legislador, aunque sus propias palabras reflejan la paradoja: “si al revisar una mochila lo metemos en que estamos violentando la intimidad, nunca vamos a poder controlar muchas cosas”. La afirmación desnuda la tensión entre dos derechos fundamentales: la seguridad colectiva y la privacidad individual.
Una medida desesperada ante una crisis estructural
Los datos de consumo de drogas entre adolescentes no son menores, pero ¿hasta qué punto las escuelas deben ser zonas de inspección? ¿Y en qué momento dejamos de hablar de formación integral para pasar al lenguaje del control y la sospecha?
El legislador reconoce que ninguna escuela cuenta con equipo especializado como máquinas de rayos X para detectar sustancias sin abrir mochilas, lo que justificaría, según él, la revisión física directa. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es eso un camino hacia una solución o una vía rápida que evade la responsabilidad del Estado en atender las causas de fondo?
Padres divididos, estudiantes en la incertidumbre
El Operativo Mochila ha sido objeto de debate desde su aparición en distintos estados del país. Padres y madres de familia han expresado su oposición, alegando que se trata de una invasión a la privacidad de sus hijos. Y tienen razón al dudar: la línea entre la prevención y la criminalización temprana es demasiado delgada.
Al centrar la estrategia en revisar mochilas sin generar un entorno de confianza, se corre el riesgo de sembrar miedo y desconfianza, no solo entre los estudiantes, sino también en la relación con sus docentes y autoridades escolares.
¿Educación o vigilancia?
La postura de Marín Hernández es clara: el docente no solo educa, también debe cuidar y poner límites. Pero ¿no debería ese cuidado incluir también la defensa del derecho a la dignidad, la confianza y la escucha activa de la niñez y la juventud?
Si la solución es únicamente mirar dentro de una mochila, se estaría ignorando que la verdadera raíz del problema está fuera de ella: en la falta de prevención comunitaria, en la debilidad institucional, y en la omisión de programas educativos integrales que formen en valores, autocuidado y salud mental.
El riesgo de una política sin brújula
Mientras se perfila el análisis de este operativo, vale preguntarse si se trata de una acción con base en datos, pedagogía y derechos humanos, o de una respuesta simplista ante una crisis compleja.
Veracruz necesita soluciones profundas, y no solo medidas reactivas que reafirman la idea de que el estudiantado es un posible riesgo, cuando en realidad es la primera víctima de la violencia estructural que atraviesa al país.
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