Ortega cede 93 propiedades al INSS: opacidad y crisis financiera en el Seguro Social

Nicaragua, a 11 de marzo del 2025.- Desde agosto de 2024 hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha donado 93 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según una investigación de CONFIDENCIAL. Sin embargo, en 89 de estos traspasos, el gobierno ha omitido datos clave como la ubicación y la extensión de los terrenos, lo que sugiere que muchas de estas propiedades fueron confiscadas ilegalmente.

Expertos consultados, como el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro, señalan que estas donaciones buscan encubrir despojos de bienes ejecutados por la dictadura. "Estos son activos obtenidos de manera ilícita; como el caso de mi propiedad, que fue transferida al INSS a través de un acuerdo presidencial, producto de una confiscación ilícita", afirmó Chamorro, quien fue desnacionalizado en febrero de 2023. Su propiedad, la isleta Zompopera, figura entre las pocas donaciones con detalles específicos en el Acuerdo Presidencial 135-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de agosto de 2024.

Ese mismo día, Ortega donó otras 69 propiedades al INSS, pero sin ofrecer información detallada. Lo mismo ocurrió en donaciones posteriores, realizadas el 22 de enero y el 25 de febrero de 2025, en las que se cedieron otras 21 propiedades. La mayor concentración de bienes se encuentra en Estelí y Managua, con 41 y 34 propiedades respectivamente, seguidas de Rivas, Jinotega, Granada, Masaya y Carazo.

El gobierno justifica estas donaciones argumentando que buscan "fortalecer la Seguridad Social de los nicaragüenses". No obstante, economistas como Enrique Sáenz advierten que el verdadero propósito es legalizar confiscaciones y evitar reclamos de los legítimos propietarios. "Al omitir datos clave como ubicación y linderos, buscan impedir que las víctimas puedan identificar y recuperar sus bienes", explicó un corredor de bienes raíces que solicitó anonimato.

Chamorro agregó que el uso de una nomenclatura secreta para las propiedades facilita su venta posterior a "terceros adquirentes" que las compran "limpias y de buena fe". Además, los inmuebles son identificados únicamente con códigos internos del Sistema de Información Integrada Catastro Registro (SIICAR), bajo control de la Procuraduría General de la República (PGR), la misma institución que ejecuta las confiscaciones.

Desde 2018, la dictadura de Ortega ha expropiado cientos de bienes pertenecientes a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, ONG, universidades y hasta iglesias. Investigaciones del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) estiman que el costo total de estas confiscaciones asciende a unos 250 millones de dólares.

A pesar de la magnitud de estas donaciones, expertos sostienen que no solucionarán el déficit crónico del INSS. Según cálculos, el Seguro Social registrará en 2025 un déficit de 97 millones de dólares. "No es a través del traspaso de bienes inmuebles que se va a solventar el problema del INSS, porque su crisis es estructural, causada por el exceso de gasto administrativo, corrupción y malas inversiones", enfatizó Sáenz.

El economista comparó la medida con "poner un parche en una hemorragia", ya que los inmuebles solo se suman a los activos del INSS sin generar ingresos inmediatos. Además, sin datos públicos sobre su valor real, es imposible calcular cuánto podrían aportar en una eventual liquidación.

Hasta 2021, el INSS había recibido apenas dos propiedades en 17 años de gobierno de Ortega. En contraste, el Ejército de Nicaragua ha sido el mayor beneficiario de la política de donaciones del régimen, acumulando 190 lotes.

La opacidad en estos traspasos refuerza las sospechas de que el verdadero objetivo no es fortalecer la seguridad social, sino consolidar el control de la dictadura sobre bienes expropiados y evitar futuras reclamaciones. Mientras tanto, el INSS sigue en crisis, y los trabajadores y jubilados nicaragüenses enfrentan un sistema cada vez más debilitado.