Juez federal desmiente liberación de criminales y señala fallas en la actuación de policías y fiscalías
Durante una entrevista previa a su participación en el Colegio de Abogados, el juez defendió la labor del Poder Judicial y aclaró que ni él ni sus colegas tienen la intención de beneficiar a presuntos responsables, sino que en muchos casos las pruebas presentadas en su contra están plagadas de irregularidades.
Rivas González fue contundente al señalar que la fabricación de delitos comienza desde el momento de la detención, cuando agentes policiales alteran los hechos o siembran pruebas para incriminar a personas.
"Es totalmente falso que los jueces liberemos delincuentes por gusto. He conocido múltiples casos donde hay fabricación de delitos desde la detención. Si se demuestra que alguien no fue arrestado en las circunstancias que indican los informes oficiales y además se advierte que le plantaron un arma o droga, un juez no puede ser cómplice de una violación tan grave a los derechos fundamentales", afirmó.
El magistrado también denunció la falta de transparencia en los reportes policiales, destacando que en múltiples ocasiones los videos de vigilancia han evidenciado contradicciones en las declaraciones de los agentes.
"Si la policía dice que detuvo a alguien en una calle y los videos del C4 o C5 muestran que fue sacado de su casa sin orden de cateo, ¿qué harías? ¿Respaldas una detención ilegal? No podemos convalidar abusos que violan los derechos humanos de los ciudadanos", cuestionó.
El juez enfatizó que muchas de estas malas prácticas se deben a la falta de preparación de los elementos policiales, quienes, por falta de conocimientos, recursos o presiones institucionales, incurren en acciones que comprometen la legalidad de los procesos penales.
"Hace falta capacitación real para los policías municipales, estatales y federales. No se trata solo de equiparlos con armas o patrullas, sino de brindarles formación en derechos humanos, manejo adecuado de pruebas y detenciones conforme a la ley. Además, los bajos sueldos y la falta de incentivos los hacen vulnerables a la corrupción y la improvisación", señaló.
En otro tema, el juez también se refirió a la participación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana como observador electoral en la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Baja California.
El proceso democrático definirá a 148 jueces en distintas áreas como civil, penal, hipotecario y familiar, así como 22 magistraturas, lo que representa un evento de gran relevancia para la estructura judicial del estado.
Finalmente, Rivas González descartó que haya recibido amenazas o presiones por parte del crimen organizado o del mismo Poder Judicial por dictar resoluciones en casos de alto perfil.
"Cuando aceptas este cargo, sabes a lo que te enfrentas. Es una gran responsabilidad, pero en mi caso jamás he recibido amenazas ni presión alguna dentro del Poder Judicial. Siempre he resuelto con base en la ley y la evidencia", concluyó.
Con estas declaraciones, el juez federal refuerza el debate sobre las deficiencias en el sistema de justicia y la necesidad de fortalecer los procedimientos policiales para evitar violaciones a los derechos humanos que comprometan el debido proceso.
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