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Crisis Migratoria Infantil en Sonora: Aumento Alarmante en Deportaciones y el Llamado a Garantizar Educación

Sonora,
a 2 de febrero del 2025.- Durante el 2024, la cantidad de menores deportados de Estados Unidos a través del estado de Sonora se disparó de manera alarmante, pasando de 6,406 casos en 2023 a 10,991 en el último año. Esta situación ha encendido las alertas de especialistas, quienes insisten en la necesidad urgente de reforzar la atención a estos menores en territorio sonorense, especialmente en el ámbito educativo.

Gloria Ciria Valdéz Gardea, coordinadora del Seminario de Niñez Migrante e investigadora del Centro de Estudios Transfronterizos del Colegio de Sonora, subrayó la importancia de fortalecer las acciones educativas para los niños y adolescentes en tránsito o deportados. Explicó que, desde 2018, han recibido a aproximadamente dos mil menores con el objetivo de integrarlos al sistema escolar considerando su contexto cultural y regional. No obstante, destacó que la efectividad de estos esfuerzos depende de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Mesabancos en Espera, la cual ampliaría las oportunidades de ingreso escolar para estos niños.

La Ley Mesabancos en Espera, recientemente aprobada por el Congreso del Estado de Sonora, establece el derecho de acceso a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes migrantes, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, ya sea que se encuentren en tránsito, retorno, destino, o en espera de refugio o asilo. Sin embargo, Valdéz Gardea cuestionó la falta de publicación de la ley en el Boletín Oficial, lo que impide su entrada en vigor y la aplicación de sus beneficios en las instituciones educativas.

La académica recordó que la ley fue el resultado de investigaciones y acciones de incidencia social realizadas por el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora. A través de este programa, se ha dado seguimiento a dos mil menores deportados, asegurando que puedan ser admitidos en las escuelas locales. Reiteró que, si bien el fenómeno migratorio infantil es un problema de alcance nacional, Sonora ha sido un punto clave para el monitoreo y la gestión de estos casos, particularmente cuando los menores carecen de documentos oficiales.

Datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación revelan que, en 2024, Sonora fue la entidad con la mayor cantidad de menores repatriados desde Estados Unidos. Del total de 10,991 menores deportados, el cruce de Nogales registró la mayor concentración con 9,147 casos, convirtiéndose en el punto más crítico no solo en la entidad, sino en todo el país.

En detalle, de los 9,147 menores deportados por Nogales, 5,538 tenían hasta 11 años, evidenciando la vulnerabilidad de estos niños ante la migración forzada. En Agua Prieta, se contabilizaron 56 casos, mientras que en San Luis Río Colorado se reportaron 1,718 menores repatriados, de los cuales 393 tenían entre 12 y 17 años y viajaban acompañados, mientras que otros 208 de la misma edad lo hacían solos. Además, se registraron 1,175 niños de hasta 11 años en situación de acompañamiento y solo cinco sin compañía.

El punto de Sonoyta fue el que registró el menor número de deportaciones, con apenas siete menores de entre 12 y 17 años, todos ellos acompañados.

Ante esta crisis migratoria infantil, especialistas y activistas han hecho un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la educación de los menores deportados y en tránsito. La implementación de la Ley Mesabancos en Espera es vista como una herramienta fundamental para mitigar los impactos de la deportación en la niñez migrante. Sin embargo, la falta de su publicación en el Boletín Oficial impide que esta medida se traduzca en acciones concretas.

El incremento en el número de menores deportados no solo representa un reto para Sonora, sino para el país en su conjunto, ya que expone a miles de niños y adolescentes a condiciones de vulnerabilidad extrema. Mientras la legislación permanece en el limbo, el destino de estos menores sigue en juego, esperando una respuesta que garantice su derecho fundamental a la educación y a una vida digna en territorio mexicano.

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