Caso El Mayo Zambada: ¿Soberanía en riesgo o maniobra política?
El caso es, sin duda, complejo y polémico. Por un lado, se trata de un criminal de alto perfil, con una larga lista de delitos tanto en México como en Estados Unidos. Por otro, el proceso que llevó a su detención plantea interrogantes sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y la participación del gobierno mexicano en estos operativos. ¿Fue una operación unilateral de Washington? ¿Se violaron tratados internacionales? ¿O estamos ante un nuevo episodio de tensión diplomática que podría convertirse en un pretexto político?
La mandataria federal dejó claro que el punto central de su cuestionamiento no es la defensa de Zambada, sino la forma en la que se llevó a cabo su captura. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el tema debe analizarse más allá de la figura del narcotraficante: "Imaginemos a otra persona, porque este personaje tiene sus delitos, pero cualquier ciudadano mexicano podría ser llevado a Estados Unidos sin la intervención del gobierno de México y ser juzgado con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema de soberanía y de juicio".
Si bien la presidenta plantea un punto válido sobre la soberanía nacional y el respeto a los procedimientos legales, la pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora? Durante décadas, las agencias de seguridad estadounidenses han operado en México con distintos grados de discreción y complicidad gubernamental. Extradiciones exprés, detenciones coordinadas y cooperación en operativos han sido moneda corriente en la relación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, este caso en particular ha encendido las alarmas en la administración de Sheinbaum, lo que lleva a especular si se trata de una defensa real del principio de soberanía o de una estrategia para posicionarse políticamente ante la Casa Blanca.
El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que la carta de Zambada fue recibida y enviada a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien ya tenía una carpeta abierta sobre el caso. Este movimiento sugiere que México podría intentar reclamar jurisdicción sobre el narcotraficante, aunque las probabilidades de éxito son inciertas.
El trasfondo de este conflicto tiene implicaciones diplomáticas delicadas. La administración de Trump ha endurecido su postura contra los cárteles mexicanos, incluso considerando su designación como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a una intervención aún más agresiva por parte de las agencias de seguridad estadounidenses. En este contexto, el gobierno de Sheinbaum parece buscar una postura firme ante Washington, pero enfrenta una realidad incómoda: México no ha logrado contener la violencia ni el poder de los cárteles dentro de sus fronteras.
La posibilidad de una protesta formal contra Estados Unidos por la detención de Zambada sin la intervención de las autoridades mexicanas es un paso arriesgado. Si bien es cierto que ningún país debería permitir que otro actúe dentro de su territorio sin autorización, la historia reciente demuestra que México ha sido, en el mejor de los casos, un actor pasivo en el combate a la delincuencia organizada. En el peor, ha sido un cómplice silencioso.
El próximo 25 de febrero, durante el reporte de seguridad en Palacio Nacional, se espera que el gobierno amplíe su postura sobre el tema. Sin embargo, la pregunta clave permanece: ¿México está realmente defendiendo su soberanía o simplemente busca una narrativa conveniente para responder a la presión política y diplomática de Estados Unidos?
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