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Ejecutivo y legislativo impulsan reforma constitucional para regular salarios en organismos autónomos

México,
a 29 de diciembre del 2024.- En un esfuerzo por profundizar en las políticas de austeridad republicana, los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan en una iniciativa de reforma constitucional que busca reducir y regular los salarios de los integrantes de organismos autónomos como el Banco de México, el INEGI, la CNDH, el INE y la FGR.

La propuesta surge como respuesta a las persistentes discrepancias salariales en estos organismos, buscando cerrar cualquier resquicio legal que permita a sus integrantes ganar más que el titular de la Presidencia de la República. Esto forma parte de una estrategia para alinear a todos los entes públicos bajo los principios de austeridad y equidad.

Aunque en años recientes ya se eliminaron siete organismos autónomos, los que permanecen deberán ajustarse a estas nuevas reglas, reforzando el compromiso de evitar excesos y privilegiar el uso eficiente de los recursos públicos.

El camino hacia esta reforma no está exento de desafíos. Cuatro de las iniciativas presentadas por el expresidente López Obrador el pasado 5 de febrero, las cuales no lograron aprobación durante el último periodo ordinario, serán retomadas en el próximo ciclo legislativo. Estas propuestas, que ya cuentan con dictamen, podrían incorporar ajustes para fortalecer su viabilidad y alcance.

Actualmente, la Constitución prohíbe que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados electorales, de disciplina y de circuito, así como jueces de distrito, perciban salarios superiores al de la Presidencia de la República. Sin embargo, esta reforma busca ampliar dichas disposiciones a los organismos autónomos, blindando la normativa contra interpretaciones que permitan evadirla.

El anuncio de esta reforma ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso firme hacia la eliminación de privilegios y la consolidación de la austeridad, otros advierten sobre posibles impactos en la autonomía y operatividad de los organismos afectados.

La discusión en el Congreso promete ser intensa, con argumentos que van desde la importancia de preservar la independencia de los entes autónomos hasta la necesidad de garantizar una distribución justa de los recursos públicos.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su intención de transformar las estructuras salariales del país, consolidando una política de austeridad que, según sus promotores, busca responder a las demandas de equidad y transparencia de la ciudadanía.

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