La Cámara de Diputados Declara Constitucional la Reforma al Poder Judicial en Sesión Exprés

México, a 14 de septiembre del 2024.- En una sesión que duró apenas ocho minutos, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial, un paso clave en el proceso legislativo. El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, turnó inmediatamente la reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la sesión en San Lázaro, los curules de los partidos de oposición estuvieron adornados con carteles en rechazo a la reforma, mientras que los legisladores de Morena y sus aliados respondieron con pancartas que proclamaban: “El pueblo manda”.

La minuta llegó a la Cámara de Diputados procedente del Senado de la República, que también había declarado constitucional la reforma ese mismo día. En total, fueron 23 congresos locales los que aprobaron la reforma constitucional, superando así el requisito de la mayoría de los estados del país.

Es importante destacar que los legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano no asistieron ni a las sesiones en la Cámara de Diputados ni en el Senado, marcando su postura de rechazo a la reforma.

La Reforma Judicial propone cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Entre las modificaciones más destacadas está la elección popular de jueces federales, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este cambio rompe con la tradición, en la que estos funcionarios eran designados por el Consejo de la Judicatura, y el presidente proponía a los miembros de los tribunales más altos ante el Senado.

Los defensores de la reforma argumentan que la elección popular de jueces fortalecerá la independencia judicial, al reducir la influencia del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos, y ayudará a combatir el nepotismo que se percibe en el sistema actual. Por otro lado, los detractores de la reforma, principalmente partidos de oposición, advierten que este cambio podría politizar aún más el sistema judicial, lo que pondría en riesgo la imparcialidad de los jueces. Además, algunos sectores temen que el crimen organizado pueda tener mayor influencia en la elección de estos funcionarios.

La participación ciudadana será clave en este nuevo proceso. Se estima que habrá más de mil 600 vacantes en todo el sistema judicial, con al menos seis candidatos para cada una de ellas, lo que implicará un reto logístico y político para las futuras elecciones de jueces y magistrados.

Este cambio en el sistema judicial mexicano ha generado un intenso debate, y se espera que continúe siendo un tema central en el escenario político y social del país en los próximos meses.