Jubilados de Veracruz demandarán al gobernador por adeudo de seguros de vida

Veracruz, a 6 de septiembre del 2024.- El Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C. anunció que procederá penalmente contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por un adeudo de más de 900 millones de pesos, correspondiente al seguro de vida de más de 45 mil pensionados del estado. Rodolfo Castellanos Suárez, presidente de la asociación, informó que el gobierno estatal no ha cumplido con el pago de este beneficio desde hace tres años, lo que afecta gravemente a los jubilados.

La situación se agravó durante la pandemia de Covid-19, cuando el gobierno retiró el seguro de vida sin previo aviso, afectando a miles de pensionados, muchos de los cuales fallecieron sin recibir el apoyo correspondiente. Castellanos Suárez denunció que el gobierno actuó con opacidad y engaños, pues aunque los descuentos por el seguro continuaron, los pensionados no estaban cubiertos debido a que el estado no había renovado el contrato con la aseguradora.

"Nos mintieron y traicionaron. Cuitláhuac García no solo nos robó, sino que también actuó en contra de los principios que dice defender. Exigimos que se nos devuelva el beneficio del seguro de vida, ya que hemos seguido pagando sin recibirlo", declaró Castellanos.

El presidente del Consejo de Jubilados explicó que la asociación utilizó solicitudes de acceso a la información para descubrir que no existía ningún contrato con una aseguradora para cubrir a los pensionados del sector educativo, que incluye a maestros de jardín de niños, primaria y secundaria.

El gobierno estatal, a través de la Oficialía Mayor, intentó justificar la falta de cobertura alegando problemas con la aseguradora, y posteriormente usó la pandemia como excusa para detener los pagos, según comentó Castellanos Suárez. Ante esta situación, los jubilados han decidido emprender acciones legales para recuperar los fondos adeudados y responsabilizar al gobernador y a otros funcionarios involucrados.

Este adeudo no solo representa una injusticia para los pensionados, sino también una grave falla en la administración estatal, que pone en riesgo el bienestar de miles de jubilados que dependen de estos recursos para su seguridad y tranquilidad.