Un PRI en Crisis: Denuncias de Ilegalidades y Secuestro del Partido por Alejandro Moreno

México, a 13 de agosto del 2024.- En un clima de tensión y desconfianza, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta una profunda crisis interna tras la polémica reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido. Este proceso, que culminó el pasado 11 de agosto de 2024, ha sido duramente criticado por destacadas figuras del partido, quienes acusan múltiples irregularidades y un evidente sesgo a favor del actual dirigente.

Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI, junto con los también expresidentes Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, han señalado directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por su permisividad ante lo que califican como un “atraco” a la dirigencia del partido. Para ellos, esta reelección no es más que la consumación de una "farsa" que ha desviado al PRI de sus principios y lo ha alejado de su base militante.

La controversia gira en torno a una Asamblea Nacional que, según los exlíderes partidistas, está plagada de ilegalidades desde su concepción. Según sus declaraciones, la Asamblea se llevó a cabo sin la debida aprobación del Consejo Político Nacional (CPN), violando así los propios Estatutos del PRI, específicamente el artículo 83. Además, acusan que la participación en las mesas de discusión fue limitada a un número reducido de delegados, seleccionados a conveniencia por la actual dirigencia, dejando fuera a una gran parte de la militancia.

Este proceso, que describen como una "Asamblea rasurada", ha generado indignación no solo por la forma en que se desarrolló, sino también por sus implicaciones para el futuro del partido. Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza subrayan que, por primera vez en la historia del PRI, un dirigente se reelige sin debate, sin propuestas y sin un proyecto claro para el futuro, lo que consideran un secuestro del partido por la ambición personal de Alejandro Moreno.

Las críticas no se limitan a la legalidad del proceso. Los exdirigentes han expresado su preocupación por el impacto que esta reelección tiene en la igualdad sustantiva y la paridad de género, principios a los que está obligado el PRI tanto por la Constitución como por sus propios Estatutos. Según ellos, permitir que Moreno se reelija no solo viola la regla de alternancia de género, sino que sienta un precedente peligroso que podría llevar a una concentración de poder inconstitucional y anti estatutaria.

Ante esta situación, los exlíderes del PRI han hecho un llamado urgente a las autoridades electorales para que revisen el proceso y tomen medidas para corregir lo que consideran un error grave. En particular, critican la decisión de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, de remitir las impugnaciones presentadas al PRI y al Instituto Nacional Electoral (INE) sin establecer un plazo para su resolución, lo que ha permitido al partido seguir adelante con un proceso que describen como "ilegal" y "apresurado".

Finalmente, los exlíderes advierten que la batalla por el futuro del PRI está lejos de terminar. Con el respaldo de militantes distinguidos como Fernando Galindo, Aurelio Nuño y Fernando Zendejas, han acudido al INE en busca de justicia, defendiendo la legalidad y el Estado Democrático frente a lo que consideran un asalto al partido. Sin embargo, son conscientes de que, aunque el daño jurídico pueda ser reparado, el daño moral infligido a la sociedad será mucho más difícil de sanar.

El PRI, un partido que alguna vez fue símbolo de estabilidad y poder en México, se encuentra ahora en una encrucijada, cuestionando su rumbo bajo la sombra de una dirigencia que, según sus detractores, ha dejado de lado los principios democráticos en favor de la ambición personal.