Xalapa, Ver., a 17 de diciembre del 2022.- Luego de que diputados del PRI denunciaron irregularidades en contratos de dependencias como la secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Desarrollo Social y Salud, durante sus comparecencias de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la contralora general, Mercedes Santoyo, les envió un mensaje.
La funcionaria del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez informó que ella cuenta con un periodo de 20 días para poder analizar toda la información que le entregaron los diputados locales del tricolor.
Sin embargo, les recordó que como ciudadanos y representantes populares están obligados a presentar denuncias penales por posibles actos de corrupción, si no lo hacen, dijo, estarían incurriendo en un delito que es el de “omisión”.
Durante la glosa del cuarto año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, diputados del PRI exhibieron irregularidades en los contratos de bienes y servicios que entregaron algunas dependencias como SSP, SIOP, Sedesol y Salud, por más de 100 millones.
La queja de los priistas era que se trataba de empresas de reciente creación o que tienen como dueños a personas que aparecen en la nómina del Estado. Algunos funcionarios, como el de SIOP, Elio Hernández aseguró que a ellos lo único que les importa es que se construya la obra.
En la comparecencia de la contralora, Mercedes Santoyo el PRI entregó todos los contratos, que son públicos en los portales de las dependencias estatales, y le pidió investigar los hechos.
Al respecto, la funcionaria dijo que lo están revisando, “tengo a un equipo analizando, estamos viendo algunos puntos relevantes. Sin embargo, cualquier servidor público, aunque no esté dentro de la Contraloría, si se percata de alguna incidencia o presunción de corrupción, tiene que hacer la denuncia por obligación y en nuestro caso, es hacer una investigación”.
A pregunta expresa, insistió que los diputados deben llevar el tema al ámbito penal, pues no se puede quedar solo en denuncia ante medios de comunicación, “ellos tendrían que hacer una denuncia como ciudadanos, y si son servidores públicos, tiene que hacer la denuncia ante la instancia competente (…) sino, sería omisión”.
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