Eutimio Ordóñez Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, consideró infundados los agravios de Mansur Cysneiros, al argumentar que con el aseguramiento del inmueble no se vulneró el derecho de audiencia del quejoso, ya que se cumplieron las formalidades que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que el procedimiento de abandono de bienes respeta la garantía de audiencia, ya que se notificó el acuerdo de aseguramiento, se otorgó un plazo y se realizó un apercibimiento.
Asimismo, el impartidor de justicia determinó que los abogados del quejoso reconocieron expresamente que tuvieron conocimiento, al menos desde enero de 2017, del oficio de notificación de 12 de diciembre de 2016, en el que se les informó del aseguramiento decretado en octubre de ese año.
Luego de que se decretará el abandono a favor del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el rancho Las Mesas, se utilizará para la reproducción de caballos del Ejército, para lo cual se invertirán cerca de 98 millones 982 mil pesos en obras de remodelación.
La propiedad tiene una extensión de 922 mil 319 metros cuadrados. De ellos, el 33.30% estaban a nombre de Moisés Mansur Cysneiros, quien desde hace casi cinco años es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por una orden de aprehensión en su contra, por lo que se encuentra en búsqueda y captura, sabiéndose que está escondido en Canadá.
La FGR ha solicitado apoyo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), sin que hasta el momento se tengan resultados.
En 2021, el Congreso de Veracruz donó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) parte del rancho, que según el Ministerio Público fue edificado con $300 millones de pesos de recursos públicos que fueron desviados durante la administración de Javier Duarte.
La propiedad fue incautada el 16 de octubre de 2016 a partir de los hallazgos que fueron incluidos en la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-VER/01653/2016.
Moisés Mansur, a través de sus abogados buscó revertir la medida, sin embargo, el 26 y 29 de octubre de 2021, un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte, determinó que la propiedad fue abandonada, por lo que el 33.30% del terreno que pertenecía a Moisés Mansur fue entregado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Inconforme con esa resolución Moisés Mansur solicitó un amparo ante un juez en el Estado de México, argumentando que nunca fue notificado de la medida de las autoridades y que había presentado documentos que acreditaban la propiedad.
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