Por Carlos Guzmán Martín / El Demócrata
Ciudad de México, a 18 de julio del 2020.- La creación y operación de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es un paso histórico en México, pues hace realidad el reconocimiento pleno de los sistemas normativos indígenas y la jurisdicción indígena en el marco del pluralismo jurídico, aseguró el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Al suscribir un convenio de colaboración con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), Eduardo Pinacho Sánchez, acto que se transmitió en video-conferencia ante el pleno de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, sostuvo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene una relación de respeto, pero sobre todo de coordinación y trabajo con los demás poderes de la federación y de las entidades federativas.
Para nosotros, afirmó el director general del INPI, tiene una gran valía y una especial relevancia suscribir por primera vez un convenio de esta naturaleza, pues implica reconocer en los hechos la vigencia del pluralismo jurídico, que reconoce la coexistencia de una diversidad de sistemas normativos indígenas en el contexto del Estado mexicano, dejando atrás las visiones integracionistas y monoculturales.
Acompañado por el coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, y el magistrado presidente de la Sala Indígena del TSJEO, Luis Enrique Cordero Aguilar, Regino Montes destacó el régimen de Sistemas Normativos Indígenas mediante el cual las comunidades eligen a sus autoridades, así como la multiplicidad de formas para administrar justicia en los pueblos indígenas, lo cual ha tenido un reconocimiento en el derecho nacional e internacional.
Esos postulados están reconocidos en el derecho internacional a través del convenio 169 suscrito por México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la correspondiente Declaración Americana. Así mismo están tutelados por el artículo 2 de la Constitución Federal y el artículo 16 de la Constitución del Estado de Oaxaca.
En la ceremonia realizada en las oficinas del Consejo de la Judicatura de Oaxaca, el titular del INPI informó la relevancia de este convenio que incluye el apoyo para los juzgados mixtos de primera instancia de Zacatepec Mixe, Santiago Choapam, Ixtlán de Juárez y Villa Alta, entre otros, para que puedan seguir cumpliendo con su cometido de impartir y garantizar el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, en coordinación con las autoridades comunitarias.
Del mismo modo, reconoció las aportaciones de las y los abogados oaxaqueños por haber promovido reformas legales y constitucionales para el reconocimiento de los derechos indígenas, como la de 1995 cuando se reconocieron las elecciones por usos y costumbres vigentes ahora como sistemas normativos indígenas en 417 municipios, así como las facultades que tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en materia de jurisdicción indígena y muy especialmente con la creación de la Sala de Justicia Indígena que ha venido a coadyuvar en el andamiaje institucional, con relación a la impartición de justicia en los pueblos y comunidades.
“Esta perspectiva de pluralismo jurídico sin duda alguna da el marco teórico para desempeñar la labor de impartir justicia, estamos superando las visiones teóricas del monismo jurídico para transitar a una visión donde se retoma, se respeta y se pone en práctica el pluralismo jurídico, lo que implica justamente el reconocimiento a la diversidad de sistemas jurídicos que coexisten en el estado de Oaxaca en un marco de armonía y complementariedad con el derecho estatal”, resaltó Adelfo Regino.
Refirió que, desde el INPI y con la firma del convenio con el TSJEO, se va a aportar un grano de arena, un grano de maíz, para sumarse a la tarea diaria de las y los magistrados, para profundizar la reflexión jurídica y la investigación participativa del fenómeno jurídico de las comunidades indígenas, lo cual se delinea en el citado acuerdo firmado por ambas partes.
Anunció que el Gobierno de México, a través del INPI, hará una aportación económica para beneficio de la Sala de Justicia Indígena para lograr cumplir la premisa y el principio que enarbola la administración del presidente López Obrador, de dar preferencia a los olvidados y excluidos, muy en especial a los pueblos y comunidades indígenas.
Por su parte el magistrado presidente del TSJEO, Eduardo Pinacho Sánchez, destacó la importancia del convenio para establecer la colaboración con el INPI en torno a un eje central en la impartición de justicia en México y de manera muy especial en Oaxaca, con su diversidad cultural traducida en la presencia múltiple de sistemas de justicia, en el pluralismo jurídico que tiene amplias y hondas raíces en su tradición normativa.
“El objetivo central de este convenio es planear y ejecutar acciones coordinadas para la investigación, difusión y fortalecimiento del ejercicio de la jurisdicción indígena y el acceso efectivo a la jurisdicción del estado por parte de pueblos y comunidades indígenas”, explicó el titular del poder judicial de Oaxaca.
Manifestó que el estado marcha a la vanguardia también en la impartición de justicia con perspectiva pluricultural. Distintos asuntos, dijo, han trascendido las fronteras estatales para consolidar los criterios de la sala de justicia indígena, que gira en el reconocimiento y respeto a la jurisdicción comunitaria.
Tras hacer un balance sobre las reformas que han marcado las leyes de Oaxaca en materia indígena, indicó que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció a la Sala de Justicia Indígena como la instancia competente para conocer asuntos que tienen que ver con el ejercicio directo de recursos públicos de las comunidades indígenas.
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