Misantla, Ver., a 24 de mayo del 2020.- Polémica aun persiste la propuesta que planteara MORENA, sobre que INEGI deba de revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, situación que según el abogado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz atenta contra las garantías de derecho de los mexicanos.
“Te puedo manifestar que efectivamente, es una propuesta violatoria de las garantías, pues las Constitución General de la Republica en su artículo 16, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posiciones, si no es en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente, que funde y que motive la causa legal de ese procedimiento”.
Dijo que el mismo artículo establece, que toda persona tiene el derecho de la protección de sus datos personales, el acceso la rectificación y la cancelación de los mismos, como el de manifestar su oposición en los términos que la ley fije, “bajo esta tesitura los datos de mis propiedades entran como datos personales, a los cuales no pueden acceder ninguna autoridad, si no es un mandamiento escrito dado y motivado por una autoridad competente”.
Manifestó que el INEGI, no seria una autoridad competente, para llevar a cabo estas acciones sobre el patrimonio y propiedad privada de las personas lo cual es violatorio del articulo que rige el estado de derecho, agrego que esta situación lo ha reconocido el ejecutivo federal, lo que puede ser algo que debe analizarse a profundidad, por los legisladores federales.
¿Estas facultades, puede perjudicar a las personas de escasos recursos?, “considero que al aplicarse no les afectaría porque, lo que quieren medir es la riqueza no la pobreza, que actualmente es lo que mide el INEGI, con respecto que tanto puede perjudicar la estabilidad económica, toda vez que muchas personas no van a querer que se grabe su patrimonio lo ocultaran , o lo sacaran del país, los que puedan hacerlo, y esto generara una debacle económica mas grande de la que estamos viviendo ahora con la pandemia, en nuestro país, por lo que es una propuesta realmente desacertada, inaceptable, inconstitucional, ilegalmente combatible por parte de los ciudadanos”.
Esta situación ha manejado mucho a la población manifestando que esto pudiera llevara a una política social de otros países, como es el caso de Venezuela, el litígate considera que no es aplicable al menos, “es una tontería que hayan propuesto algo como esto, que es inconstitucional, a todas luces ilegal, y que nadie en su sano juicio, conocedor de las garantías individuales va a permitir que esto prospere, supongamos que los legisladores aprobaran esta medida, simplemente se promovería un amparo contra las leyes, y la suprema corte se encargara de echar abajo esta medida que podría avalar el congreso de la unión”.
Destaco que en el país existe equilibrio de poderes, lo que es el sinónimo que un poder no puede estar arriba de otro, sobre todo si existe un planteamiento absurdo que pretende realizar Alfonso Ramírez Cuellar, “hago un llamado respetuoso a los legisladores de todos los partidos, de todos los partidos políticos hemos escuchado propuestas inaceptables, inatendibles, inconstitucionales, que atentan con el estado de derecho, que por querer ganar adeptos, o por querer tener brillo en su carrera política, pretender incluir en la ley cosas que no pueden aplicarse, sean serios, sean responsables, ustedes llevan la voz del pueblo para transformarla en ley, de ese tamaño es el compromiso que tiene con sus representados, por lo tanto estudien, asesórense, sean coherentes, y hagan una buena representación popular”, remato.
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