Venezuela permite al ejército el uso de armas para reprimir manifestaciones
Venezuela.
El ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para
controlar manifestaciones y reuniones públicas. El Gobierno
de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada
por el ministro de
Defensa, Vladímir Padrino López y publicada en la Gaceta
Oficial el pasado miércoles, cuya entra en vigor se prevé inmediata.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se
desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará
listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la
instrucción. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano,
que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como
precipitada e inconstitucional. “Los aspectos positivos que incluye [la
resolución] quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, escribió.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones
pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana.
En concreto, con el artículo 68, que atañe a los derechos políticos, y que dice
textualmente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el
control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los
cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Otro de los puntos polémicos es si la normativa viola el
artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de
seguridad. La resolución abarca toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) -Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional y Milicias bolivarianas-,
pero solo la Guardia Nacional tiene competencia para mantener el orden público,
y esto en caso de que la policía no esté en condiciones de hacerlo. “Lo que
muestra el Gobierno es miedo a que ocurra algo en la calle”, dice el diputado de la oposición, Stalin González, integrante
de la comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento. El miércoles pasado hubo
una reunión de la comisión, pero según González, el tema no estuvo en la
agenda. “Nos enteramos cuando salió publicada”.
Organizaciones de derechos humanos también señalan que la
resolución contradice lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos contra el Estado venezolano por el caracazo de 1989,
cuando el Ejecutivo puso en marcha el Plan Ávila, sacando al Ejército a las
calles para restaurar el orden.
Más allá de las consideraciones legales y constitucionales,
la decisión ha causado alarma entre los venezolanos, que recuerdan que el año
pasado, por estas mismas fechas, comenzó la ola de protestas contra el Gobierno
de Nicolás Maduro, que dejaron un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
“Esta resolución está legitimando la militarización del
orden público”, dice Inti Rodríguez, investigador de Provea, una de las ONG
del país que ve con preocupación la creciente ola de criminalización y
represión de las protestas desde que Maduro asumió la presidencia. Entre las
medidas adoptadas las más polémicas son la de necesitar una autorización previa
para organizar cualquier marcha y la de declarar como “ilegal” la manifestación
en ciertos municipios, bajo la presunción de que se registrarán actos violentos
antes incluso de que sucedan.
En paralelo, el Gobierno ha ido creando cuerpos adicionales
como las milicias obreras, comandos antigolpes y brigadas especiales, que
militarizan aún más a la sociedad civil y promueven una respuesta de choque
ante cualquier conflicto que pueda surgir, en vista del deterioro de la
situación económica y el descontento por la alta inflación, la escasez de
alimentos y los servicios públicos deficientes que llevaron a los venezolanos a
manifestarse en más de 5.400 ocasiones en distintas partes del país, solo en
2014, según la ONG Provea. El
Observatorio de Conflictividad Social reportó 9.286 protestas,
es decir, 26 diarias durante el mismo periodo, la mitad de ellas contra el
Gobierno de Maduro.
Fuente: internacional.elpais.com
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