Morena lleva ante la FGR denuncias por presuntos desvíos en Nuevo León

Los escritos mencionan contratos por miles de millones de pesos y solicitan investigaciones financieras

México, a 4 de noviembre de 2026.- Clara Luz, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra el gobernador Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Los escritos señalan presuntas irregularidades relacionadas con contratos y una posible triangulación de recursos públicos hacia empresas que, según la denunciante, tendrían vínculos con el entorno familiar del gobernador. Las acusaciones incluyen delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, lavado de dinero y tráfico de influencias.

Clara Luz afirmó que investigaciones periodísticas han descrito una presunta red de compañías mediante la cual recursos estatales habrían llegado a un despacho jurídico vinculado con García y su familia. Estas son acusaciones que deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades; la presentación de una denuncia no implica que exista una responsabilidad probada.

Montos y contratos bajo revisión

De acuerdo con los escritos, al gobernador se le atribuyen presuntas irregularidades en contratos por 7 mil 212 millones de pesos, que, según Clara Luz, ya son investigados por la Auditoría Superior de la Federación.

La denunciante también mencionó un presunto desvío de 110 millones de pesos relacionado con contratos estatales con empresas que, afirmó, fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el caso del alcalde de Monterrey, la denuncia alude a 7 mil 370 millones de pesos en contratos vinculados con una red de empresas encabezada por Next Energy de México.

Clara Luz citó además la respuesta de García a un procedimiento de juicio político ante el Congreso local. Según la morenista, el gobernador habría sostenido que, una vez pagados a un proveedor privado, los recursos dejan de ser públicos y pasan a formar parte del patrimonio privado. La afirmación fue presentada por la denunciante como parte de sus señalamientos.

Solicitud de investigaciones financieras

En las denuncias se pidió la intervención del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación.

El caso plantea una disputa que combina cuestionamientos sobre contratación pública con acusaciones de posible beneficio privado. Su alcance dependerá de que las autoridades revisen los contratos, rastreen los flujos de dinero y determinen si existen elementos para proceder.