El reto estará en llevar la transición a pequeños comercios y sectores que todavía dependen del efectivo
México, a 1 de octubre de 2026.- La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ha generado dudas entre usuarios y comerciantes ante la percepción de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría cobrar un nuevo impuesto por utilizar tarjetas, transferencias o plataformas digitales. Sin embargo, el proyecto actualmente en análisis legislativo no contempla un gravamen por realizar o recibir pagos digitales.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 9 de septiembre como parte del proceso del Paquete Económico 2027, busca establecer un marco general para ampliar el uso de medios de pago electrónicos, reducir la dependencia del efectivo y favorecer la inclusión financiera. El expediente permanece pendiente de dictaminación en comisiones de la Cámara de Diputados.
Digitalizar el dinero, formalizar las operaciones
El proyecto contempla pagos mediante tarjetas de débito y crédito, transferencias, domiciliaciones, códigos QR, dispositivos NFC y aplicaciones móviles, además de otros mecanismos electrónicos.
También plantea que los tres órdenes de gobierno habiliten medios digitales para el pago de trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios deberán contar con infraestructura para recibirlos. En caso de una contingencia que impida operar por medios electrónicos, la propuesta contempla mantener alternativas como el efectivo o el cheque.
Uno de los componentes centrales es la utilización de mecanismos de identificación digital, entre ellos la CURP Digital, para facilitar la contratación remota de servicios financieros. El propósito declarado es cerrar la brecha entre la infraestructura tecnológica existente y el número de personas que efectivamente utilizan estas herramientas.
La apuesta tiene una lectura económica evidente: convertir una operación que antes terminaba en efectivo en una transacción registrada puede facilitar la formalización de negocios, generar historial financiero y abrir posibilidades de acceso al crédito, particularmente para micro, pequeñas y medianas empresas.
Uno de los principales puntos de confusión es la relación entre digitalización y fiscalización.
La propuesta no crea un impuesto por pagar con tarjeta o realizar una transferencia ni modifica, por sí misma, los impuestos que ya corresponden a la compra o venta de bienes y servicios. El IVA, por ejemplo, continúa aplicándose conforme a las reglas fiscales vigentes, independientemente de que una operación sea pagada en efectivo, tarjeta o transferencia.
Lo que sí cambia en términos prácticos es la trazabilidad. Los pagos electrónicos dejan registros dentro del sistema financiero, información que puede ser utilizada por las autoridades dentro de sus facultades fiscales vigentes.
El propio titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, ha señalado ante diputados que la iniciativa no modifica el marco que actualmente regula la relación entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y las instituciones financieras.
Esto significa que la digitalización no equivale automáticamente a un nuevo impuesto, pero sí puede hacer más visible la actividad económica que anteriormente se realizaba exclusivamente en efectivo.
El desafío: que nadie quede fuera
El debate legislativo también ha puesto sobre la mesa un aspecto menos tecnológico y más social.
Organizaciones y sectores participantes han advertido sobre la necesidad de una transición gradual para evitar afectaciones a personas que no tienen acceso suficiente a internet, cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o infraestructura digital. Entre los sectores señalados están adultos mayores y comunidades rurales e indígenas.
Por ello, el verdadero alcance de la propuesta no estará únicamente en sustituir billetes por pantallas. También dependerá de que los pequeños comercios, trabajadores independientes y consumidores tengan acceso a herramientas, conectividad y condiciones que les permitan incorporarse a la economía digital sin quedar excluidos.
En ese sentido, la discusión sobre la ley rebasa la pregunta de si el SAT cobrará o no por una transferencia. El fondo es la transformación de la manera en que mexicanos, empresas y gobiernos realizan sus operaciones cotidianas.
Una economía cada vez más visible
La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia hacia la digitalización financiera. El gobierno federal ha planteado que el uso de medios electrónicos puede mejorar la seguridad y eficiencia de las transacciones, reducir el uso de efectivo y contribuir a la formalización de comercios y productos.
Para los contribuyentes, el mensaje central es distinguir entre pagar digitalmente y pagar impuestos: utilizar una tarjeta, una transferencia o un código QR no genera por sí mismo un nuevo gravamen. Los impuestos que correspondan derivan de la actividad económica realizada, no del mecanismo utilizado para liquidarla.
La otra cara de la moneda es que una economía con mayor trazabilidad también deja menos espacios para que las operaciones permanezcan fuera de los registros financieros.
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