Grecia Quiroz acusa a la Fiscalía de Michoacán de buscar debilitar su gobierno tras detención de funcionaria
También alertó sobre posibles bloqueos carreteros e infiltraciones para afectar la marcha por la justicia y la paz convocada para el 1 de noviembre, e hizo un llamado a participar pacíficamente.
Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán de utilizar las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo con presuntos fines político-electorales, luego de la detención de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento.
La alcaldesa sostuvo que su administración mantiene disposición para colaborar con las autoridades; sin embargo, exigió que se expliquen públicamente los motivos del arresto y que las indagatorias se conduzcan con transparencia e imparcialidad.
Quiroz manifestó su preocupación por lo que considera un posible intento de debilitar su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero, organización vinculada con el proyecto político de Carlos Manzo.
La presidenta municipal insistió en que el homicidio debe esclarecerse sin que la investigación se convierta en un instrumento de confrontación política. También señaló que su postura frente a la funcionaria detenida estará sujeta a lo que considere justo, sin plantear un respaldo incondicional.
La detención de Vargas Rauda ocurre mientras continúan las diligencias para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, durante las celebraciones del Día de Muertos.
De acuerdo con reportes periodísticos publicados este jueves, la funcionaria fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. La Fiscalía habría realizado un cateo autorizado judicialmente y la mujer quedó a disposición de una jueza de Control.
Hasta el momento de los reportes consultados, no se habían detallado públicamente todos los elementos específicos que sustentan las imputaciones contra la secretaria municipal. Por ello, las acusaciones deben entenderse dentro del proceso de investigación y no como una determinación definitiva de responsabilidad penal.
En este contexto, Quiroz pidió que las autoridades informen con claridad sobre las actuaciones ministeriales y que se investiguen los hechos con apego a la legalidad. Su posicionamiento vuelve a colocar en el centro del debate la exigencia de justicia por el homicidio y la confianza en las instituciones encargadas de esclarecerlo.
Alertan sobre posibles obstáculos a la marcha del 1 de noviembre
Otro de los puntos señalados por la alcaldesa fue la movilización convocada para el próximo 1 de noviembre en Uruapan, con motivo de la exigencia de justicia y paz, al aproximarse el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo.
Quiroz afirmó haber recibido información sobre presuntos intentos de impedir la llegada de participantes de otros municipios mediante bloqueos carreteros. También advirtió sobre la posible infiltración de personas con la intención de provocar incidentes y desacreditar la movilización.
Sin embargo, no identificó públicamente a los presuntos responsables ni presentó, en sus declaraciones reportadas, detalles verificables sobre el origen de esa información. Por tanto, estas advertencias corresponden a señalamientos de la alcaldesa y no a hechos confirmados de manera independiente.
Ante este escenario, hizo un llamado a la ciudadanía para que se organice y participe pacíficamente. Sostuvo que la convocatoria busca visibilizar la violencia que afecta a Michoacán y expresar la exigencia de justicia, sin perseguir objetivos partidistas o electorales.
La presidenta municipal aseguró que el gobierno local se prepara en materia de seguridad para que quienes decidan acudir puedan hacerlo con confianza.
Justicia, seguridad y participación ciudadana
Las declaraciones de Grecia Quiroz reflejan la tensión que rodea el caso de Carlos Manzo, en el que las investigaciones penales, las exigencias de transparencia y las diferencias políticas se han entrelazado.
Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias, la alcaldesa insiste en que se esclarezca el crimen y cuestiona el manejo de las investigaciones. La resolución de las imputaciones contra las personas detenidas corresponderá a las autoridades judiciales, conforme avance el procedimiento.
La movilización anunciada para el 1 de noviembre será, además, una expresión pública de la demanda de justicia y seguridad en Uruapan, a un año del asesinato que conmocionó al municipio.
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