México, a 14 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles un decreto que obliga a las plataformas digitales a impedir la difusión y recomendación de contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas de riesgo en espacios utilizados por niñas, niños y adolescentes.
La disposición busca trasladar parte de la responsabilidad de protección a las empresas tecnológicas. La seguridad infantil, de acuerdo con el nuevo mandato, deberá considerarse desde la configuración inicial de los servicios digitales y no únicamente después de que se presente una denuncia.
Empresas deberán actuar en un mes
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum informó que las compañÃas aceptaron trabajar en los ajustes necesarios y tendrán un plazo de un mes para adaptar sus herramientas.
La presidenta advirtió que, si las plataformas no cumplen, se avanzará hacia un esquema legal con sanciones. Luisa MarÃa Alcalde Luján, titular de la ConsejerÃa JurÃdica, confirmó que en las reuniones participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X.
Contenidos bajo vigilancia
El decreto ordena impedir que los menores sean expuestos o dirigidos hacia publicaciones que promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Material sexual ilÃcito.
- Suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios.
- Violencia escolar, acoso y ciberacoso.
- Actividades ilÃcitas.
La medida reconoce que los sistemas de recomendación pueden amplificar contenidos dañinos y llevarlos a usuarios que no los buscaron directamente.
Herramientas obligatorias
Las plataformas deberán identificar y retirar cuentas o publicaciones violentas, clasificar materiales según su nivel de riesgo y reforzar la verificación de edad.
También tendrán que ofrecer controles parentales, canales sencillos para denunciar contenidos y configuraciones de privacidad activadas por defecto. Estas herramientas deberán permitir que madres, padres y tutores tengan mayor capacidad de acompañamiento, sin sustituir la responsabilidad empresarial.
Cooperación con las autoridades
Las compañÃas deberán mantener un contacto disponible las 24 horas, durante toda la semana, para atender solicitudes de las instituciones encargadas de investigar delitos.
Cuando detecten material que ponga en peligro la vida o integridad de un menor, tendrán que notificarlo de inmediato y conservar la evidencia digital correspondiente.
El reto será convertir estas obligaciones en respuestas rápidas y verificables, sin afectar la privacidad de los usuarios ni utilizar la moderación como una forma de censura indiscriminada.
Las plataformas tendrán un mes para ajustar sus algoritmos, sistemas de verificación de edad, mecanismos de denuncia y protocolos de atención. El incumplimiento podrÃa derivar en nuevas disposiciones legales y sanciones administrativas.

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