Advierten que no existe un expediente público integral que permita conocer su impacto en agua, energía, territorio y comunidades
Querétaro, a 6 de octubre de 2026.- Integrantes de la asociación civil Voceras de la Madre Tierra y defensores ambientales exigieron al Gobierno del Estado de Querétaro suspender de manera precautoria la autorización e instalación de nuevos centros de datos, mientras se esclarece el impacto que este tipo de infraestructura representa para los recursos naturales y las comunidades.
La petición fue acompañada por la presentación del Primer Informe Ciudadano sobre Centros de Datos, documento elaborado a partir de solicitudes de información dirigidas a distintas autoridades y con el que las organizaciones buscan colocar en el debate público una pregunta de fondo: ¿cuántos centros de datos puede soportar Querétaro y con qué disponibilidad de agua, energía, territorio e infraestructura?
Las organizaciones sostienen que su planteamiento no significa oponerse al desarrollo tecnológico, sino exigir que su expansión esté precedida por información suficiente y mecanismos que permitan evaluar sus consecuencias acumulativas.
Cuestionan la falta de información pública
Uno de los principales señalamientos del informe es que, de acuerdo con las organizaciones, ninguna autoridad ha exhibido hasta ahora un expediente integral que permita comprobar la compatibilidad hídrica, energética, territorial y social de los proyectos que ya operan en la entidad.
También denunciaron que no existe un padrón público, único y desagregado que permita conocer con precisión cuántos centros de datos funcionan en Querétaro, cuáles se encuentran en construcción, qué proyectos están en proceso de autorización y cuáles son sus requerimientos de recursos.
Para los defensores ambientales, esta ausencia de información dificulta dimensionar el impacto acumulativo de una industria cuya expansión ha colocado a Querétaro en el centro del crecimiento de la infraestructura digital en México. El Economista reportó que la entidad concentra alrededor de 72 por ciento de la capacidad instalada de centros de datos del país.
Agua y energía, el centro de la preocupación
La discusión adquiere especial relevancia por el consumo de recursos que requieren estas instalaciones. Las organizaciones cuestionaron que no exista información pública suficiente sobre el volumen de agua utilizado por los centros de datos ni sobre las fuentes de abastecimiento energético que sostienen su operación.
Teresa Roldán, integrante de Voceras de la Madre Tierra, planteó que antes de continuar autorizando nuevos proyectos debe conocerse la capacidad real del estado para atender la demanda acumulada de agua, energía, infraestructura y territorio.
El señalamiento ocurre en un contexto en el que los activistas también han advertido sobre la situación de los acuíferos de la entidad y la necesidad de conocer los efectos que la expansión de esta industria podría generar sobre las comunidades y los ecosistemas.
Más allá de la disputa entre desarrollo tecnológico y protección ambiental, el reclamo ciudadano coloca sobre la mesa un asunto esencial para la planeación territorial: qué información debe estar disponible antes de decidir qué proyectos pueden instalarse y bajo qué condiciones.
Preparan acciones legales y una nueva regulación
Las organizaciones anunciaron además que interpondrán un amparo debido a la falta de transparencia en torno a la información que han solicitado a las autoridades relacionadas con los centros de datos.
A la par, informaron que presentarán ante la Legislatura del Estado de Querétaro una iniciativa ciudadana para establecer reglas específicas para la instalación y operación de estos complejos tecnológicos.
La propuesta parte, según los activistas, de la existencia de vacíos en el marco regulatorio que actualmente dificultan conocer y evaluar de manera integral los impactos de esta infraestructura.
Una discusión que va más allá de los servidores
El debate sobre los centros de datos en Querétaro comienza así a trascender el terreno estrictamente tecnológico. Para sus críticos, el crecimiento de esta industria obliga a revisar simultáneamente el acceso al agua, la disponibilidad energética, el ordenamiento territorial, la protección ambiental y la participación de las comunidades.
El informe ciudadano pretende precisamente abrir esa discusión desde la perspectiva de quienes consideran que la llegada de inversiones tecnológicas debe estar acompañada por información pública verificable y mecanismos de evaluación que permitan conocer sus efectos antes de que continúe su expansión.
La controversia queda ahora en dos escenarios: el jurídico, con el amparo anunciado, y el legislativo, mediante la iniciativa ciudadana que las organizaciones buscan llevar al Congreso local. Mientras tanto, la exigencia de los defensores ambientales es concreta: detener nuevas autorizaciones hasta contar con información suficiente para determinar qué capacidad tiene Querétaro para sostener este modelo de crecimiento.
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