Diputados aprueban Ley de Economía Digital; modernización choca con las brechas de acceso
Oposición advierte que millones de mexicanos aún enfrentan falta de internet, bancarización, dispositivos y cobertura tecnológica
México, a 7 de octubre de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que pretende acelerar la transición de México hacia una economía con menor dependencia del dinero en efectivo.
La propuesta, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, plantea aprovechar la infraestructura tecnológica que ya existe en el país —como SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras— para ampliar el uso de medios de pago electrónicos, reducir costos operativos y facilitar el acceso a servicios financieros.
Altamirano defendió la reforma como una transformación que va más allá de sustituir billetes y monedas por operaciones digitales. Desde su perspectiva, representa una oportunidad para ampliar los derechos digitales, mejorar la seguridad de las transacciones y acercar los servicios financieros a sectores que históricamente han permanecido al margen.
La promesa de inclusión frente a la realidad territorial
El debate legislativo, sin embargo, mostró que la digitalización de la economía no avanza al mismo ritmo en todo el país.
Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la iniciativa parta de un escenario tecnológico que todavía está lejos de ser una realidad cotidiana para millones de personas.
La panista Verónica Pérez puso como ejemplo las diferencias entre las ciudades del centro del país y regiones como la Sierra Tarahumara o la Selva Lacandona, donde el acceso a terminales, internet, teléfonos inteligentes y servicios bancarios puede ser considerablemente más limitado.
El planteamiento toca uno de los puntos más sensibles de la reforma: digitalizar no necesariamente significa incluir. Para que una transferencia electrónica sustituya al efectivo se requiere no solamente una aplicación o una cuenta bancaria, sino también conectividad, infraestructura, conocimientos financieros y confianza en las herramientas digitales.
El riesgo de que la modernización deje a algunos atrás
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu llevó la crítica hacia otro terreno. Advirtió que una transición mal implementada podría provocar efectos contrarios a los que persigue la reforma, como el crecimiento de esquemas informales y mercados negros.
También cuestionó cómo enfrentarán el cambio las personas adultas mayores que no utilizan tecnología, los sectores que permanecen fuera del sistema bancario y los pequeños negocios que tendrían que asumir nuevos costos para incorporarse a la economía digital.
El contraste resulta significativo: mientras el oficialismo observa en la interoperabilidad una herramienta de democratización financiera, la oposición advierte que la misma tecnología que puede facilitar una operación también puede convertirse en una nueva barrera cuando no existen las condiciones para utilizarla.
CURP digital y mayor control financiero
Entre las disposiciones contempladas se encuentra el uso voluntario de la CURP digital como mecanismo para validar la identidad de las personas.
El morenista Luis Humberto Fernández Fuentes sostuvo que establecer reglas comunes, infraestructura e interoperabilidad permitiría que pequeños vendedores y grandes empresas puedan operar bajo herramientas similares.
La reforma también busca reducir los costos asociados al manejo de efectivo, aumentar la transparencia en los gobiernos estatales y municipales, fortalecer a los comercios y mejorar los mecanismos de recaudación de la Hacienda Pública.
Precisamente este último aspecto agrega otra dimensión al debate: la digitalización de los pagos no solamente modifica la manera en que compran y venden los ciudadanos, sino que también facilita la trazabilidad de las operaciones económicas y el control fiscal.
Hacienda tendrá la siguiente palabra
Aunque el pleno aprobó la propuesta en lo general, todavía queda por concretar uno de los aspectos centrales de su aplicación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo máximo de 15 días para definir los sectores en los que los pagos digitales y electrónicos podrán establecerse como única forma de pago.
Ahí estará una de las pruebas más importantes de la nueva legislación: determinar hasta dónde puede avanzar la digitalización sin convertirla en una obligación que profundice las desigualdades existentes.
La discusión deja así una pregunta de fondo. México puede tener la tecnología para dejar atrás el efectivo, pero la verdadera modernización dependerá de que esa tecnología sea accesible también para quienes hoy todavía viven al margen de ella.
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