T-MEC pone bajo la lupa derrames de Pemex en Salina Cruz; México deberá responder
Comisión para la Cooperación Ambiental admite petición de extrabajador que denuncia omisiones ante la contaminación en playas, laguna y estero
Oaxaca, 2 de septiembre de 2026.- Los reiterados derrames de hidrocarburo registrados en torno a la refinería Antonio Dovalí Jaime, operada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, Oaxaca, llegaron a una instancia vinculada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) determinara que una petición ciudadana presentada por un extrabajador de la empresa cumple con los criterios para continuar su trámite.
La resolución coloca nuevamente en el centro de la discusión el impacto ambiental que han dejado los incidentes registrados en la zona, así como los señalamientos sobre una presunta falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales mexicanas.
-Una denuncia que escala al ámbito internacional
La petición fue presentada el 22 de junio por Aníbal Carrasco Sánchez, extrabajador de Pemex, quien sostiene que el Estado mexicano ha incurrido en omisiones relacionadas con la atención de los daños presuntamente ocasionados por los derrames en las playas, la laguna y el estero cercanos a la refinería.
La CCA inició la revisión del planteamiento y solicitó modificaciones al documento, por lo que Carrasco presentó una versión reformulada el 23 de julio.
Posteriormente, el 21 de agosto, la comisión determinó que la petición reúne los criterios necesarios para su trámite y solicitó al Estado mexicano una respuesta respecto de la aplicación de diversas disposiciones de la legislación ambiental señaladas por el promovente.
Más que un trámite administrativo, el caso representa un nuevo foco de atención sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para prevenir, atender y sancionar afectaciones ambientales relacionadas con instalaciones estratégicas del sector energético.
Uno de los datos que sobresalen en la petición es el número de incidentes registrados alrededor de la refinería.
De acuerdo con reportes del Ayuntamiento de Salina Cruz citados en el documento, se habrían registrado al menos 65 fugas o derrames entre 2022 y el 28 de julio de este año.
Carrasco sostiene que las afectaciones no se limitarían al entorno natural, sino que también habrían alcanzado a la población. En su petición incluso refiere la existencia de víctimas mortales relacionadas con estos hechos, aunque corresponde a las autoridades competentes determinar y acreditar las circunstancias de cada caso.
El señalamiento adquiere especial relevancia debido a que los cuerpos de agua y zonas costeras cercanas a la refinería forman parte del entorno cotidiano de comunidades que dependen de sus recursos naturales, por lo que la reiteración de incidentes alimenta la preocupación sobre sus posibles efectos acumulativos.
-Denuncias previas y presuntas represalias
El extrabajador también afirma que entre 2019 y 2022 reportó los derrames a sus superiores dentro de Pemex, pero que sus advertencias fueron ignoradas.
Posteriormente, asegura haber presentado quejas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la propia empresa petrolera.
Según su relato, después de estas acciones habría enfrentado presuntas represalias.
En la documentación relacionada con el caso, identificada como “Contaminación por hidrocarburos en Salina Cruz”, la Comisión para la Cooperación Ambiental señala que la petición plantea una posible relación entre presuntos actos de corrupción y los daños ambientales denunciados.
El documento refiere, entre otros señalamientos, una supuesta “omisión y tolerancia institucional” frente a las denuncias presentadas por el promovente.
-México deberá fijar postura
Con la determinación de la CCA, el caso entra en una nueva etapa: ahora será el Estado mexicano quien deberá responder a los cuestionamientos relacionados con la aplicación de su legislación ambiental.
El plazo establecido para recibir la respuesta vence el 22 de octubre de 2026.
La respuesta será relevante no solo para el expediente promovido por el extrabajador, sino también para conocer la posición oficial frente a los señalamientos sobre contaminación, atención de derrames y actuación de las autoridades responsables de la vigilancia ambiental y del sector hidrocarburos.
Por ahora, la resolución de la comisión no equivale a una determinación de responsabilidad sobre Pemex ni acredita por sí misma los señalamientos contenidos en la petición; abre, en cambio, la puerta para que el Estado mexicano explique las acciones realizadas y la forma en que ha aplicado las normas ambientales frente a los hechos denunciados.
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