Senado reconoce a los animales como seres sintientes y deja en los estados la decisión sobre tauromaquia y gallos

El dictamen establece un marco nacional de protección, pero reserva a las entidades federativas la regulación de corridas de toros y peleas de gallos.

México, a 30 de septiembre de 2026.- El Senado de la República aprobó una nueva legislación en materia de bienestar animal que reconoce a los animales como “seres sintientes y sujetos de cuidado”, al tiempo que establece obligaciones y sanciones para prevenir el maltrato y regular su protección en distintos ámbitos.

Con 115 votos a favor y uno en contra, la Cámara alta avaló el dictamen que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, integrada por 125 artículos.

El nuevo ordenamiento establece bases para el cuidado de animales de compañía, producción alimentaria, espectáculos, exhibición, investigación y enseñanza, además de delimitar responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios.

El dictamen contempla sanciones administrativas y económicas por actos de crueldad y por incumplir determinadas obligaciones de cuidado. Las multas por maltrato pueden alcanzar hasta 234 mil pesos, además de contemplarse arrestos administrativos en los casos previstos por la legislación.

La tauromaquia queda en manos de los estados

Uno de los puntos que concentró mayor atención durante la discusión fue el tratamiento de las corridas de toros y las peleas de gallos.

Tras una jornada de reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y miembros de Tauromaquia Mexicana, se incorporó una reserva al artículo 78 que, de acuerdo con el abogado Salvador Arias, permite que sean los estados los que determinen la regulación de estas actividades.

“La batalla será en los estados”, señaló Arias al explicar el alcance de la modificación.

En la misma línea, el director de Tauromaquia Mexicana, Pepe Saborit, sostuvo que el resultado representa un reconocimiento al valor cultural que, desde su perspectiva, tiene la tauromaquia en México.

El desenlace legislativo deja así abierta una discusión que ya se desarrolla de manera diferenciada en las entidades federativas: mientras algunos estados han optado por prohibiciones, otros mantienen estas actividades bajo distintos esquemas regulatorios.

Protección, registros y nuevas obligaciones

La legislación también plantea mecanismos nacionales para ordenar la política pública de bienestar animal.

Entre sus disposiciones se encuentra la creación de un Directorio de Criaderos, Albergues, Refugios y Rescatistas, así como un padrón de personas infractoras. También establece una Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas específicos para las entidades federativas, un subsistema de información y un Registro Nacional de Animales de Compañía.

Otro de los cambios contemplados es la prohibición de la venta de animales en mercadillos y la definición de obligaciones relacionadas con su cuidado, entre ellas aquellas vinculadas con la esterilización.

En términos interpretativos, el cambio más significativo está en el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes. La legislación busca trasladar el debate del ámbito de la protección voluntaria hacia un esquema de obligaciones públicas, responsabilidades administrativas y mecanismos de seguimiento.

Un mapa estatal todavía dividido

La decisión del Senado no elimina las diferencias que existen en el país respecto de la tauromaquia y las peleas de gallos.

Sonora fue el primer estado en prohibir las corridas de toros, en 2013, aunque entonces mantuvo fuera de esa prohibición las peleas de gallos. Posteriormente, Guerrero, en 2014, y Coahuila, en 2015, adoptaron restricciones a la tauromaquia.

Quintana Roo aprobó en 2019 una legislación que prohibió tanto las corridas de toros como las peleas de gallos. En 2025, Michoacán prohibió las corridas y otros espectáculos violentos con animales, pero mantuvo permitidas las peleas de gallos.

Ese mismo año, la Ciudad de México tomó una vía distinta al establecer un modelo de “corridas sin sangre”, en lugar de una prohibición total.

La nueva ley federal, por tanto, establece un piso común para el bienestar animal, pero deja abierta una de las discusiones más controvertidas a la legislación local. La siguiente etapa será determinar cómo cada entidad traduce ese margen de decisión en sus propias normas.