También pidió revisar el origen y reporte de los recursos utilizados en actividades de los coordinadores estatales; entre los señalados está Julieta RamÃrez, de Baja California.
México, a 24 de septiembre de 2026.- La contienda polÃtica rumbo a las elecciones estatales de 2027 ya comenzó a trasladarse al terreno de las autoridades electorales. El PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra 10 coordinadores estatales de Morena, a quienes atribuye presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.
La queja fue presentada por Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, y solicita medidas cautelares para suspender actos, actividades y propaganda vinculados, según el planteamiento del partido, con el proceso de selección de candidaturas a las gubernaturas.
Una disputa que llega al árbitro electoral
El PRI sostiene en su denuncia que las figuras denominadas coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación constituyen una estrategia de posicionamiento anticipado de perfiles polÃticos con miras a los comicios de 2027.
La acusación, sin embargo, forma parte de los argumentos presentados por el partido denunciante. La presentación de una queja no determina por sà misma que exista una infracción; corresponde a las autoridades electorales analizar los hechos, las pruebas y, en su caso, determinar lo procedente.
Entre los 10 señalados aparecen Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta RamÃrez, de Baja California; Pablo Gutiérrez Lázarus, de Campeche; Rosa MarÃa Bayardo, de Colima; Beatriz Mojica, de Guerrero; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro; Eugenio “Gino” Segura, de Quintana Roo; Imelda Castro, de Sinaloa, y Verónica DÃaz Robles, de Zacatecas.
El dinero también está bajo la lupa
Además de solicitar medidas cautelares, el PRI pidió dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que se revise el origen de los recursos utilizados en los eventos de los denunciados y se determine si los gastos correspondientes fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Este punto agrega una segunda dimensión a la controversia: no solamente se discute si determinadas actividades pueden constituir actos anticipados, sino también la procedencia y comprobación de los recursos empleados en ellas.
En ese sentido, la denuncia coloca bajo revisión dos asuntos distintos que deberán analizarse conforme a las reglas electorales: las caracterÃsticas de los actos señalados y la fiscalización de los gastos que pudieran estar relacionados con ellos.
2027 comienza a tomar forma polÃtica
El episodio ocurre mientras las fuerzas polÃticas comienzan a preparar sus estructuras y perfiles para las elecciones locales de 2027. El propio INE tiene programadas actividades relacionadas con el proceso electoral federal 2026-2027, incluidas acciones vinculadas con precampañas y fiscalización.
La denuncia del PRI se suma además a una controversia que ya habÃa llegado al ámbito electoral. DÃas antes, Movimiento Ciudadano presentó también una denuncia contra Morena y algunos de sus coordinadores por presuntos actos anticipados relacionados con el posicionamiento de perfiles rumbo a 2027.
AsÃ, antes de que las campañas formales entren plenamente en escena, los partidos ya comenzaron a confrontar ante las instituciones electorales la manera en que sus adversarios están construyendo sus procesos internos y proyectando figuras polÃticas.
El caso todavÃa está en manos de las autoridades
Por ahora, el dato central es que existe una denuncia y una solicitud de medidas cautelares. Será el INE, dentro de sus atribuciones y procedimientos, el que deberá analizar los señalamientos planteados por el PRI.
La diferencia entre una acusación partidista y una resolución electoral resulta fundamental: mientras el tricolor sostiene que las actividades denunciadas podrÃan constituir infracciones, esa afirmación deberá ser examinada por la autoridad competente con base en las pruebas y el marco jurÃdico aplicable.
La disputa por las gubernaturas de 2027, por lo pronto, ya dejó de ser únicamente una conversación entre partidos y aspirantes. También comienza a convertirse en materia de revisión institucional.
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