Nahle pide a los cabildos dar el último impulso a la eliminación del fuero municipal

El Congreso aprobó la modificación con 38 votos a favor; ahora los ayuntamientos deberán pronunciarse para que avance la reforma constitucional

Xalapa, Ver., a 28 de septiembre de 2026.- La reforma para eliminar la declaración de procedencia como requisito previo para procesar penalmente a alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales entró en una nueva etapa: su revisión por los ayuntamientos de Veracruz.

La gobernadora Rocío Nahle García llamó a los cabildos a respaldar la modificación constitucional y sostuvo que la propuesta no está dirigida contra ningún partido político. De acuerdo con la mandataria, incluso presidentes municipales de fuerzas opositoras han expresado su respaldo a la eliminación de esta protección procesal.

Una reforma que ya pasó por el Congreso

El pasado 25 de septiembre, el Congreso de Veracruz aprobó reformar el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución estatal con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

La modificación elimina la declaración de procedencia para presidentes municipales, síndicos y presidentes de concejos municipales. Con ello, las autoridades competentes podrían iniciar y continuar procedimientos penales contra quienes ocupen esos cargos sin que previamente el Congreso tenga que votar el retiro de su inmunidad procesal.

Sin embargo, la aprobación legislativa no representa todavía el cierre del procedimiento. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen fue enviado a los 212 ayuntamientos, que disponen de 30 días para analizarlo y votar.

Para que la modificación pueda completar el proceso constitucional requiere el respaldo de al menos la mitad de los cabildos.

Nahle rechaza una lectura partidista

La gobernadora ha insistido en que la reforma no tiene como destinatario a una fuerza política determinada y que, de aprobarse, sus efectos alcanzarían por igual a las autoridades municipales, independientemente del partido que las haya postulado.

Nahle ha sostenido que la finalidad es evitar que el cargo público se convierta en un obstáculo para la actuación de las autoridades cuando existan investigaciones por la probable comisión de delitos.

En ese contexto, la mandataria pidió a los ayuntamientos analizar la propuesta y pronunciarse sobre ella.

El planteamiento abre ahora una segunda fase política e institucional: después del debate legislativo, la discusión llegará directamente a los cabildos, donde cada municipio deberá asumir una posición frente a la reforma.

¿Qué cambiaría para alcaldes y síndicos?

Actualmente, el artículo 78 contempla un procedimiento de declaración de procedencia para determinados servidores públicos. En el caso de las autoridades municipales señaladas por la reforma, la eliminación de este requisito permitiría que la Fiscalía General del Estado y los órganos jurisdiccionales actúen sin solicitar previamente al Congreso la autorización para retirar esa inmunidad procesal.

La modificación no elimina el requisito para todos los servidores públicos incluidos en el artículo 78. De acuerdo con la información publicada sobre la reforma, la medida se concentra en presidentes municipales, síndicos y titulares de concejos municipales.

El debate también tiene una lectura política

La iniciativa ha generado posiciones encontradas en el Congreso. Mientras Morena y el Partido Verde defendieron la reforma como una vía para evitar que el cargo municipal obstaculice investigaciones penales, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la modificación se limite a las autoridades municipales y no abarque a otros funcionarios protegidos por el mismo régimen.

Así, el debate ya no se encuentra únicamente en el terreno jurídico. La discusión alcanza la relación entre responsabilidad pública, inmunidad procesal y controles institucionales.

Para el gobierno estatal, retirar el requisito previo agilizaría la actuación de la justicia; para sus críticos, el alcance específico de la reforma plantea interrogantes sobre la forma en que se aplicará el nuevo esquema.

La decisión, en esta etapa, estará en manos de los cabildos.

Los municipios tendrán la palabra

La reforma coloca a los 212 ayuntamientos veracruzanos ante una decisión constitucional que trasciende a las actuales administraciones.

El llamado de Nahle busca que los cabildos respalden un cambio que, de concretarse, modificaría las reglas bajo las cuales alcaldes y síndicos enfrentarían eventuales investigaciones y procedimientos penales.

Más allá de las posiciones partidistas, el proceso pone sobre la mesa una cuestión institucional: dónde debe ubicarse el límite entre la protección asociada al ejercicio de un cargo público y la obligación de responder ante la justicia.

Ahora serán los municipios quienes deberán pronunciarse.