“La iniciativa no promueve la muerte, promueve la dignidad hasta el último momento de vida”, plantean pacientes y organizaciones
México, a 13 de septiembre de 2026.- Cuando una enfermedad incurable deja de ofrecer posibilidades de recuperación y el dolor se convierte en parte cotidiana de la existencia, la pregunta deja de ser únicamente médica. También se vuelve jurídica, ética y profundamente humana: ¿quién debe decidir cómo enfrentar el último tramo de la vida?
Con esta interrogante como punto de partida, pacientes, especialistas, organizaciones civiles y legisladores llevaron a la Cámara de Diputados la discusión sobre la muerte digna, durante el encuentro “Ley Trasciende: Rumbo al derecho a la muerte digna en México”, convocado por la legisladora morenista Estela Carina Piceno Navarro.
El planteamiento central fue avanzar hacia un marco legal que permita a las personas ejercer, bajo condiciones estrictas, su derecho a decidir sobre el final de su vida, al tiempo que se garantice el acceso efectivo a cuidados paliativos, medicamentos, acompañamiento psicológico y atención médica.
La discusión ocurre en un país donde, señalaron participantes, el acceso a tratamientos para enfermedades como el cáncer puede verse limitado por la falta de medicamentos o por sus elevados costos, situación que puede prolongar el sufrimiento de pacientes con padecimientos incurables.
“¿Cuánto más vamos a estar criminalizando la compasión?”
Uno de los testimonios que colocó el rostro humano en el centro del debate fue el de Samara Martínez, paciente, promotora de la iniciativa y representante de la coalición Muerte Digna.
Cuestionó el tiempo que ha tomado el proceso legislativo y recordó que durante el último año han muerto personas mientras esperaban una legislación que les permitiera contar con mayores alternativas para enfrentar el final de su vida.
Su pregunta resonó como una de las frases más contundentes del encuentro: “¿Cuánto más vamos a estar criminalizando la compasión?”
Martínez sostuvo que la propuesta no pretende promover la muerte, sino garantizar dignidad hasta el último momento. Para quienes viven con enfermedades incurables y condiciones permanentes de sufrimiento, dijo, el debate legislativo no puede permanecer ajeno a una realidad que ocurre todos los días.
Una opción, no una imposición
Piceno Navarro insistió en que las iniciativas Trasciende no buscan imponer una decisión a nadie.
El objetivo, explicó, es ampliar las posibilidades de las personas para decidir libremente sobre el final de su vida y garantizar que quienes opten por mecanismos de muerte asistida puedan hacerlo dentro de un marco jurídico, médico y ético.
La legisladora planteó que el Estado debe garantizar previamente el acceso oportuno a cuidados paliativos, medicamentos, acompañamiento psicológico y atención integral.
“Absolutamente a nadie se le está obligando a tomar ninguna decisión”, sostuvo, al señalar que se trata de abrir una vía para quienes, de manera libre, decidan cómo y cuándo enfrentar el final de su vida.
El Congreso frente a una decisión que exige reglas
La propuesta contempla reformas al Código Penal Federal para que la eutanasia deje de ser considerada un delito y pueda establecerse una regulación específica.
Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, señaló que existe una alianza entre organizaciones civiles y legisladores para impulsar la Ley Trasciende y consideró que el periodo legislativo que resta del año representa una oportunidad para construir acuerdos.
Planteó que las comisiones de Salud, Justicia y Puntos Constitucionales trabajen en una propuesta que pueda avanzar posteriormente en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, finalmente, llegar al Ejecutivo Federal.
Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva, reconoció la responsabilidad del Poder Legislativo para analizar las iniciativas y construir una legislación que permita ejercer la decisión sobre el final de la vida de manera digna, responsable y bajo garantías jurídicas.
Libertad sí, pero con protección para los más vulnerables
El debate también encontró una voz de cautela.
Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que cualquier reforma deberá responder preguntas fundamentales: quién puede solicitar la eutanasia, bajo qué condiciones, cómo se acreditará que una enfermedad es irreversible y de qué manera se garantizará que la decisión sea libre, consciente, informada y reiterada.
También planteó la necesidad de establecer mecanismos de protección para personas adultas mayores, personas con discapacidad, problemas de salud mental o quienes pudieran encontrarse sometidos a presiones económicas o familiares.
A ello se suma, dijo, la necesidad de garantizar previamente cuidados paliativos y atención médica de calidad, además de establecer con claridad la objeción de conciencia para el personal sanitario.
La discusión, por tanto, no solamente gira alrededor de permitir o prohibir. También implica construir controles que impidan que una decisión tan definitiva sea tomada bajo abandono, pobreza, presión familiar o falta de alternativas médicas.
El derecho a morir también comienza por el derecho a ser cuidado
María del Pilar González Barrera, investigadora de la Cátedra de Laicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la muerte digna debe entenderse como parte de la protección de los derechos humanos.
Recibir información, aceptar o rechazar tratamientos, acceder a cuidados paliativos, expresar voluntades anticipadas y, eventualmente, recibir asistencia médica para morir forman parte de las decisiones que deben analizarse dentro de un marco integral.
La investigadora subrayó que el proceso de morir forma parte de la vida y que, en una sociedad plural, las personas deben ser reconocidas como sujetos de derechos hasta el último momento.
En esa misma línea, Jessica Rubí Rodríguez Balderas, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, planteó que una legislación de muerte digna debe acompañarse de políticas públicas que garanticen igualdad, inclusión y acceso universal a cuidados paliativos.
Propuso además fortalecer el registro digital de voluntades anticipadas para que el personal médico pueda consultar de manera oportuna la decisión de los pacientes.
Uruguay: una experiencia para mirar sin copiar
Desde Uruguay, Federico Preve Cocco, diputado del Frente Amplio e impulsor de la legislación de muerte digna de ese país, compartió la experiencia de un proceso construido a partir de casos, testimonios y evidencia internacional.
Su llamado fue a evitar que la discusión quede atrapada en trincheras partidistas.
La muerte digna, sostuvo, debe discutirse desde distintas corrientes políticas y concepciones sociales, porque cuando se coloca en el centro a la persona y no a la disputa ideológica, el debate puede concentrarse en lo esencial: el sufrimiento, la libertad, la dignidad y la responsabilidad de acompañar a quien está por morir.
Una discusión que ya no puede permanecer al margen
La discusión celebrada en San Lázaro dejó sobre la mesa una realidad difícil de ignorar: detrás de cada iniciativa, reforma o artículo del Código Penal existen personas que enfrentan enfermedades incurables, familias que acompañan procesos dolorosos y médicos que deben tomar decisiones complejas.
La llamada Ley Trasciende busca llevar esa realidad al terreno de los derechos.
Pero el reto será encontrar el equilibrio entre la libertad individual y la protección de quienes podrían encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. También garantizar que nadie solicite morir simplemente porque no tiene acceso a medicamentos, cuidados paliativos o atención médica adecuada.
Porque hablar de muerte digna no debería significar únicamente hablar del derecho a morir. También implica preguntarse qué tan dignamente está permitiendo México vivir y ser cuidado a quienes atraviesan sus últimos días.
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