El asesinato de Amy Navarrete, excandidata del PVEM en Matías Romero, ocurrió apenas un día después del inicio del proceso electoral 2026-2027
Oaxaca, a 10 de septiembre de 2026.- La violencia feminicida volvió a cruzarse con la vida política de Oaxaca justo cuando el estado abría un nuevo capítulo electoral. Apenas un día después del inicio del proceso electoral ordinario 2026-2027, Amy Navarrete Arreola, quien había sido candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero, fue asesinada junto con otras dos personas.
Su muerte se convirtió en el más reciente caso de una larga y dolorosa lista de mujeres que, desde la política, los cargos públicos, la representación comunitaria o la aspiración a un puesto de elección popular, encontraron en el ejercicio de su participación pública un escenario marcado también por la violencia.
El crimen no solo interrumpió una vida. También volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que persiste en Oaxaca: ¿qué tan seguro es para una mujer participar en la vida pública cuando las amenazas pueden terminar convertidas en muerte?
Una lista que crece
Durante la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, al menos nueve mujeres relacionadas con la política, la representación popular o comunitaria han sido asesinadas, de acuerdo con el recuento presentado en torno a estos casos.
Entre ellas se encuentra Guadalupe Urban, regidora por el Partido Verde Ecologista en San Juan Cacahuatepec, asesinada el 6 de noviembre de 2025. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca atribuyó posteriormente su muerte a una célula delictiva identificada como Los Rusos.
También figura Nazareth Cortés, comisariada ejidal de Totolapan, asesinada el 19 de marzo de 2026, durante un ataque en el que su hija resultó gravemente lesionada.
La violencia alcanzó igualmente a Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, asesinada por un comando armado el 15 de junio de 2025 dentro del palacio municipal.
Otros casos son los de Reyna Olea Nieva, regidora de Educación y Salud de San Mateo Nejápam, asesinada el 24 de junio de 2024; Janet Ramírez González, policía turística cuyo cuerpo fue localizado el 30 de marzo de 2024 en San Antonio de la Cal, y Fabiola E. A., policía municipal atacada en la explanada del palacio de Santo Domingo Petapa el 17 de marzo de 2024.
La lista incluye además a Hortensia Felipe Santiago, regidora suplente de Educación de San Agustín Loxicha e integrante del Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Loxicha y Sierra Sur, asesinada el 3 de mayo de 2024, y Heidi Candelaria Lagunes, regidora de Comercio de San Pedro Tapanatepec, atacada a balazos el 19 de enero de 2023.
Participar sin miedo
La muerte de Amy Navarrete provocó condenas de autoridades electorales y representantes populares. Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), advirtió que la violencia contra mujeres que participan en la vida pública y comunitaria no puede ser vista como un hecho aislado.
Desde el ámbito legislativo, diputadas como Irma Pineda Santiago y Aracely Cruz también exigieron justicia y garantías para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos durante el proceso electoral.
El reclamo tiene una dimensión que trasciende los partidos y las elecciones. Cuando una mujer decide participar en una comunidad, buscar una candidatura, ocupar una regiduría o asumir una responsabilidad pública, el derecho a disentir, proponer y representar no debería convertirse en una sentencia de riesgo.
La exigencia, por ello, no se limita a esclarecer un asesinato. Se trata también de construir condiciones para que la participación política femenina pueda ejercerse sin miedo, amenazas ni violencia.
59 mujeres asesinadas en 2026
El panorama resulta todavía más amplio. El mismo día en que fue asesinada Amy Navarrete, fue localizado el cuerpo de una joven sobre la carretera que comunica Santa Inés del Monte con Zaachila.
Con este caso, el registro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca estima en 59 las mujeres asesinadas durante 2026 en el estado.
La cifra forma parte de un escenario todavía más grave: el contador de violencia feminicida de esa organización documenta 355 mujeres asesinadas durante la actual administración estatal.
Detrás de cada número existe una historia que quedó incompleta: una familia que espera respuestas, una comunidad que pierde una voz y, en los casos de mujeres vinculadas con la vida pública, una representación que también queda interrumpida.
El desafío frente a las urnas
El asesinato de Amy Navarrete ocurre en un momento especialmente simbólico. El proceso electoral apenas comienza y con él se abre nuevamente la posibilidad de que cientos de mujeres participen en candidaturas, campañas, estructuras partidistas y espacios de representación.
La democracia, sin embargo, pierde sentido cuando participar implica exponerse a la violencia.
Por eso, la exigencia de justicia por Amy y por las demás mujeres asesinadas adquiere un significado que rebasa el calendario electoral: garantizar la vida y la integridad de las mujeres que participan en política no es una concesión, sino una condición indispensable para que sus derechos puedan ejercerse plenamente.
No hay comentarios
Publicar un comentario