Tras ser vinculado a proceso por prevaricación agravada, deberá renunciar al cargo como parte de la suspensión condicional del proceso
Chihuahua, a 12 de septiembre de 2026.- El juez penal de primera instancia Manuel Jurado Torres, quien llegó al Poder Judicial de Chihuahua mediante la elección judicial de junio de 2025, pasó de impartir justicia a enfrentar un proceso penal por un presunto acto de corrupción.
La FiscalÃa Anticorrupción del estado lo detuvo y acusó del delito de prevaricación agravada, al señalar que habrÃa utilizado sus facultades como juzgador para otorgar una ventaja procesal indebida a un imputado.
Durante la audiencia inicial, realizada el 11 de septiembre, Jurado Torres fue vinculado a proceso. Como parte de la suspensión condicional del proceso por 12 meses, deberá dejar el cargo de juez penal de primera instancia.
Una medida cautelar bajo investigación
Los hechos que originaron la investigación se remontan al 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado Torres se desempeñaba como juez del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Hidalgo del Parral.
Ese dÃa modificó la medida cautelar impuesta a Julio César M. V., quien enfrentaba un proceso por los delitos de violación y violencia familiar.
De acuerdo con la acusación de la FiscalÃa, la defensa solicitó la revisión de la medida durante el periodo vacacional del Poder Judicial. El juez habrÃa cambiado la prisión preventiva por resguardo domiciliario.
La autoridad investigadora sostiene que el abogado del imputado mantenÃa una relación de amistad con el juzgador, circunstancia que forma parte de los elementos bajo investigación.
El lÃmite entre una decisión judicial y el abuso del cargo
Uno de los puntos centrales de la acusación es que Jurado Torres habrÃa ido más allá de los lÃmites de la audiencia al cuestionar y descalificar los argumentos de la juzgadora que originalmente habÃa impuesto la prisión preventiva.
Para la FiscalÃa Anticorrupción, el asunto no consiste simplemente en determinar si una resolución judicial fue correcta o incorrecta, sino en establecer si las facultades de un servidor público fueron utilizadas deliberadamente para favorecer intereses particulares.
El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela HolguÃn, sostuvo que la investigación busca determinar si la función pública fue desviada de su finalidad constitucional.
La acusación, por tanto, coloca en el centro una cuestión especialmente delicada: la frontera entre la independencia con la que debe actuar un juez y la responsabilidad que tiene cuando existen indicios de que sus atribuciones pudieron ser utilizadas de manera indebida.
Vinculación y salida condicionada
Tras la audiencia inicial, el juez quedó vinculado a proceso y obtuvo una suspensión condicional por 12 meses.
Como parte de las condiciones establecidas, deberá renunciar al cargo que obtuvo tras la elección judicial de 2025.
La medida representa una consecuencia inmediata para quien apenas un año antes habÃa llegado al Poder Judicial mediante un proceso de elección, en un contexto nacional marcado precisamente por el debate sobre la transformación de las instituciones judiciales y la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana.
Un caso que vuelve a poner al Poder Judicial bajo la lupa
El expediente de Jurado Torres ocurre mientras la FiscalÃa Anticorrupción mantiene abiertas otras investigaciones contra integrantes del Poder Judicial de Chihuahua por posibles actos de corrupción.
Además, el juzgador ya habÃa sido suspendido cautelarmente en marzo por el Tribunal de Disciplina Judicial, a raÃz de otros cuestionamientos relacionados con su actuación.
El caso abre nuevamente el debate sobre los controles que deben existir alrededor de quienes tienen en sus manos decisiones capaces de modificar la situación jurÃdica de una persona.
Por ahora, se trata de una acusación que deberá seguir su curso legal. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia definitiva, por lo que corresponderá al proceso judicial determinar la responsabilidad que, en su caso, pudiera acreditarse.
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