Durante la sesión del Congreso de Veracruz, reclamó la falta de parlamento abierto y pidió una discusión integral antes de modificar la Constitución estatal
Por Arquímedes González
Xalapa, Ver., a 25 de septiembre de 2026.- La reforma constitucional que plantea retirar la declaración de procedencia a presidentes municipales, síndicos y titulares de concejos municipales generó un nuevo intercambio de posiciones en el Congreso de Veracruz.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXVII Legislatura, la diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina fijó su postura en contra del proyecto y cuestionó que la eliminación de la inmunidad procesal se plantee únicamente para determinadas autoridades.
La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García y propone modificar el artículo 78 de la Constitución estatal para que las autoridades municipales señaladas ya no requieran una declaración de procedencia del Congreso antes de enfrentar un proceso penal por posibles delitos cometidos durante su encargo.
Córdova Molina comenzó por señalar que su bancada no defiende la impunidad y sostuvo que cualquier persona que cometa un delito debe ser investigada y, en su caso, responder ante la justicia. Sin embargo, centró su crítica en el alcance de la reforma.
“¿Por qué al alcalde sí y a los demás no?”
Uno de los argumentos centrales de la legisladora fue que la propuesta retira la protección procesal a presidentes municipales, síndicos y concejos municipales, mientras mantiene la declaración de procedencia para otros cargos contemplados en el artículo 78.
De acuerdo con la iniciativa difundida, entre quienes conservarían ese mecanismo se encuentran diputadas y diputados, la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, secretarías de despacho, la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, integrantes de órganos judiciales y diversas autoridades electorales y autónomas.
Desde la tribuna, la diputada planteó que, si el objetivo es terminar con privilegios frente a la justicia, la discusión debería abarcar de manera integral a todos los servidores públicos sujetos a ese régimen.
Su cuestionamiento fue acompañado por una referencia al caso de Jalisco, que, según expuso, optó por eliminar el juicio de procedencia para servidores públicos estatales y municipales, en lugar de limitar el cambio a determinadas autoridades.
El antecedente de dos presidentes municipales
Otro de los puntos señalados por Córdova Molina fue el procedimiento aplicado recientemente por el propio Congreso de Veracruz contra dos presidentes municipales.
El 5 de agosto de 2026, la LXVII Legislatura determinó, por mayoría calificada, que había lugar a los procedimientos de declaración de procedencia contra los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, e Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. El procedimiento incluyó la intervención de la Comisión Permanente Instructora, audiencias de pruebas y alegatos y la participación de la Fiscalía General del Estado.
A partir de ese antecedente, la legisladora preguntó cuál sería el problema que la nueva reforma pretende resolver si el mecanismo constitucional vigente permitió que el Congreso analizara casos concretos y determinara la procedencia de los procedimientos.
La observación coloca el debate en una de las preguntas centrales de la reforma: si se busca modificar una herramienta constitucional porque resulta insuficiente o si se pretende cambiar de manera estructural la relación entre la investigación penal y el ejercicio de los cargos públicos.
Reclamo por falta de parlamento abierto
La diputada también dirigió parte de su intervención al proceso legislativo.
Expuso que solicitó por escrito participar en las reuniones de trabajo de la comisión encargada del dictamen, con el propósito de presentar argumentos y plantear una discusión más amplia sobre el fuero.
Según relató desde tribuna, no tuvo oportunidad de participar en esas reuniones y cuestionó que tampoco se hubiera convocado a especialistas en derecho, presidentes municipales, síndicos y otros actores relacionados con la reforma.
Su crítica se concentró en la ausencia de un parlamento abierto, mecanismo mediante el cual los procesos legislativos pueden incorporar opiniones externas antes de que una propuesta llegue a votación.
Córdova Molina sostuvo que una modificación constitucional requiere análisis, discusión y argumentos, particularmente cuando puede modificar las reglas bajo las cuales distintos servidores públicos enfrentan investigaciones penales.
Una reforma constitucional en el centro de la disputa política
La discusión ocurre en un contexto en el que la propuesta del Ejecutivo estatal ha generado posiciones encontradas.
La iniciativa fue presentada el 17 de septiembre y plantea retirar a las autoridades municipales de la lista de servidores públicos que requieren una declaración de procedencia para ser procesados penalmente. Al mismo tiempo, establece que una denuncia no implicaría automáticamente la separación del cargo y que permanecerían vigentes derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Durante su intervención, Córdova Molina también cuestionó el momento político de la reforma y expresó dudas sobre su discusión rumbo a 2027. Esas referencias correspondieron a su posicionamiento partidista en tribuna y no constituyen por sí mismas una determinación sobre las motivaciones de la iniciativa.
Finalmente, anunció que Movimiento Ciudadano votaría en contra, al considerar que la discusión sobre el fuero debe abordarse de manera integral y no únicamente respecto de determinados cargos.
El debate que queda abierto
El posicionamiento de la diputada coloca sobre la mesa dos dimensiones distintas de la discusión: por un lado, la necesidad de que las autoridades puedan ser investigadas sin que el cargo público se convierta en una barrera procesal; por otro, la discusión sobre si esa protección debe desaparecer para todas las autoridades sujetas al artículo 78 o mantenerse para determinados cargos.
La propuesta todavía forma parte del proceso legislativo. De aprobarse, modificaría el esquema vigente para las autoridades municipales, pero mantendría la declaración de procedencia para otros servidores públicos incluidos en el artículo 78.
Más allá de las posiciones partidistas, el debate plantea una cuestión constitucional de fondo: cómo equilibrar la responsabilidad penal de quienes ejercen un cargo público con las garantías necesarias para evitar que una investigación sea utilizada como mecanismo de presión política.
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