10 mil 770 cadáveres permanecÃan bajo resguardo al cierre de 2025; Veracruz concentró la cifra más alta con 2 mil 552 cuerpos
México, a 5 de septiembre de 2026.- La crisis que atraviesan los servicios periciales y médicos forenses en México refleja un problema que va más allá de la capacidad fÃsica de las morgues: al cierre de 2025 permanecÃan 10 mil 770 cadáveres en condiciones de almacenamiento permanente, mientras el sistema acumulaba 289 mil 958 solicitudes de intervención pericial pendientes.
Las cifras muestran una presión creciente sobre las instituciones encargadas de identificar cuerpos, procesar evidencias y aportar elementos cientÃficos a las investigaciones ministeriales. Detrás de cada expediente pendiente también se encuentran familias que esperan conocer el destino de sus seres queridos o contar con elementos para avanzar en procesos de justicia.
Veracruz, con la mayor cantidad de cadáveres bajo resguardo
Entre las entidades con mayores problemas de almacenamiento destaca Veracruz, con 2 mil 552 cadáveres, la cifra más alta registrada en el paÃs. Le siguen Jalisco, con mil 190, y Quintana Roo, con mil 132.
El panorama también es crÃtico en Guerrero, con 958 cuerpos, y Morelos, con 731. A nivel federal, la FiscalÃa General de la República mantenÃa 380 cadáveres en sus instalaciones.
La problemática se extiende además a restos humanos cuya identidad permanece sin esclarecer. Los registros reportan 9 mil 115 segmentos y mil 158 fragmentos humanos pendientes de identificación, una dimensión que convierte a las instalaciones forenses en espacios de acumulación prolongada de restos y expedientes.
Casi 290 mil intervenciones periciales siguen pendientes
El problema no se limita a los cadáveres almacenados. Al finalizar 2025 permanecÃan sin concluir 289 mil 958 solicitudes de intervención pericial.
De ese universo, 287 mil 696 correspondÃan a las unidades estatales, mientras que 2 mil 262 estaban pendientes en la FiscalÃa General de la República.
Guerrero encabezó el rezago administrativo con 36 mil 424 trámites inconclusos, seguido por el Estado de México, con 30 mil 701; Morelos, con 27 mil 978; Zacatecas, con 26 mil 753; Jalisco, con 26 mil 144, y Sinaloa, con 26 mil 61.
La magnitud de estas cifras revela una cadena de procedimientos que no logra avanzar al ritmo requerido. Cada intervención pendiente puede representar un dictamen, una identificación, un análisis o una prueba que permanece fuera de una investigación que necesita respuestas.
Recursos millonarios frente a resultados insuficientes
Otro de los aspectos que sobresale es la dimensión del gasto público. Durante 2025, los servicios periciales ejercieron 7 mil 106 millones 310 mil 105 pesos.
De esa cantidad, 5 mil 201 millones 92 mil 947 pesos correspondieron a las unidades estatales. Nuevo León recibió 642.8 millones de pesos y el Estado de México 560.4 millones.
Sin embargo, el nivel de recursos no se tradujo necesariamente en una solución al rezago. Durante el año fueron reportados 6 mil 502 cuerpos egresados, pero casi la mitad terminó en fosas comunes o bajo esquemas de almacenamiento prolongado, de acuerdo con los datos proporcionados.
El contraste entre presupuesto, capacidad operativa y resultados plantea una interrogante central: no sólo cuánto dinero se destina a los servicios forenses, sino qué tan eficazmente se utiliza para garantizar identificación, investigación y entrega digna de los cuerpos.
Una crisis que también es de derechos humanos
La acumulación de cadáveres, restos sin identificar y miles de solicitudes pendientes coloca a los servicios forenses ante uno de los mayores desafÃos institucionales del sistema de justicia.
La dimensión del problema permite observar que la crisis no termina en una morgue saturada. Se prolonga en los expedientes ministeriales, en las investigaciones inconclusas y, especialmente, en la incertidumbre de las familias que esperan una respuesta oficial.
Más que un problema exclusivamente administrativo, el rezago forense evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, humanas y operativas de las instituciones responsables de procesar e identificar restos humanos y atender las solicitudes periciales.

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