La polémica surgió tras señalamientos realizados en conferencia de prensa; el municipio sostiene que aún deben acreditarse permisos, estudios y factibilidades
Por Arquímedes González
Misantla, Ver., a 22 de septiembre de 2026.- El proyecto de un conjunto habitacional contemplado en la colonia Marco Antonio Muñoz abrió un nuevo capítulo de controversia luego de que desde una conferencia de prensa se formularan señalamientos sobre la presunta autorización municipal y posibles irregularidades en torno al desarrollo.
Ante ello, el presidente municipal de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, acompañado por integrantes del cabildo y funcionarios del área de Obras Públicas, ofreció una explicación sobre el procedimiento seguido por el Ayuntamiento y sostuvo que la decisión tomada por el órgano edilicio fue condicionada y no representaba una licencia definitiva de construcción.
Un proyecto que viene desde 2025
Durante la conferencia municipal, el alcalde explicó que los trámites relacionados con el predio comenzaron el 20 de octubre de 2025, durante la administración anterior, cuando se otorgaron permisos para la subdivisión de un terreno de aproximadamente 75 mil 402 metros cuadrados.
Posteriormente, de acuerdo con la exposición realizada por el Ayuntamiento, la empresa involucrada comenzó a gestionar diversos trámites relacionados con un proyecto habitacional que formaría parte del programa federal Vivienda para el Bienestar.
La administración municipal actual señaló que, al conocer la existencia del proyecto, se revisaron las condiciones del predio y comenzaron a solicitarse los estudios y documentos necesarios para determinar su viabilidad.
El cabildo habla de una autorización condicionada
Uno de los puntos centrales de la explicación municipal fue la diferencia entre un cambio de uso de suelo condicionado y una autorización definitiva para construir, según el acuerdo presentado durante la conferencia, el cabildo aprobó de manera condicional la solicitud de cambio de uso de suelo para una superficie determinada del predio.
La propia resolución establecía que, antes de expedirse formalmente una licencia, el solicitante debía acreditar la totalidad de los permisos, dictámenes, autorizaciones y factibilidades exigibles por las autoridades correspondientes.
Entre ellos se mencionaron autorizaciones ambientales, factibilidades de agua potable, drenaje, energía eléctrica y dictámenes de Protección Civil, además de cualquier otro requisito estatal o federal aplicable.
El acuerdo, según fue leído durante la conferencia, también establecía que mientras no se cumplieran íntegramente esas condiciones no surtiría efectos la autorización de cambio de uso de suelo, por lo que no podría iniciarse actividad o aprovechamiento alguno relacionado con el proyecto.
Protección Civil y las dudas sobre el terreno
El director de Obras Públicas, Arturo Ruiz Aguilar, explicó que desde las primeras revisiones se identificaron características del terreno que requerían estudios adicionales.
De acuerdo con su exposición, Protección Civil habría señalado que el sitio correspondía a una zona de riesgo y de uso agrícola, por lo que existían dificultades que debían ser consideradas antes de autorizar un desarrollo habitacional.
Ruiz Aguilar explicó que el procedimiento municipal no había llegado a una autorización definitiva y que todavía se encontraban pendientes diversos trámites y estudios.
También señaló que en el terreno existen algunas obras, entre ellas un tanque superficial en la parte alta y una planta de tratamiento en la zona baja, aunque precisó que estas construcciones no forman parte directamente del conjunto habitacional y se encuentran en terrenos particulares.
El señalamiento económico y la respuesta del Ayuntamiento
La controversia se intensificó durante la conferencia estatal cuando un reportero afirmó que supuestamente se habría entregado dinero al presidente municipal y a integrantes del cabildo para facilitar el proyecto, además de señalar que se estaría utilizando el nombre de la gobernadora Rocío Nahle García.
La mandataria respondió que no estaba involucrada en ese asunto y pidió que el proyecto fuera revisado por las instancias correspondientes, también señaló que los desarrollos de vivienda requieren permisos municipales y estatales, además de cumplir con la normatividad aplicable.
En la conferencia municipal, René Omar Jaén Domínguez rechazó los señalamientos y afirmó que el cabildo tomó sus decisiones con base en la información técnica y jurídica disponible, defendiendo que su actuación estuvo orientada a proteger los intereses de la población.
El alcalde sostuvo que el Ayuntamiento no se opone a la llegada de vivienda ni a la derrama económica que pueda generar un proyecto de esta naturaleza, pero insistió en que cualquier desarrollo debe realizarse con seguridad y apego a la legislación.
Vivienda sí, pero con orden
El caso coloca sobre la mesa una discusión que trasciende el terreno donde se pretende desarrollar el proyecto: la necesidad de ampliar la oferta de vivienda sin dejar de lado la seguridad, la planeación urbana y la capacidad de los servicios públicos.
El propio alcalde reconoció durante su intervención que Misantla necesita vivienda y que un proyecto de esta naturaleza podría representar actividad económica; sin embargo, sostuvo que el beneficio debe construirse sobre bases que permitan garantizar su seguridad y permanencia.
La documentación expuesta por el Ayuntamiento muestra, de acuerdo con su propia interpretación, que el procedimiento todavía estaba sujeto al cumplimiento de requisitos y autorizaciones adicionales.
Mientras continúe la revisión de los expedientes y estudios correspondientes, el proyecto permanece rodeado de preguntas que deberán responderse con documentos, dictámenes y procedimientos formales, más allá de declaraciones cruzadas.
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