Yucatán endurece su Código Penal: crear y difundir “deepfakes” ya puede llevar hasta tres años de prisión
El nuevo marco legal también castiga el fraude, el chantaje, el acoso y la manipulación de pruebas mediante herramientas de IA
Yucatán, a 2 de agosto de 2026.- Yucatán se convirtió en una de las primeras entidades del país en establecer sanciones penales específicas contra el uso indebido de la inteligencia artificial (IA), luego de la entrada en vigor de una reforma al Código Penal del Estado que castiga la creación y difusión de contenido manipulado, conocido como "deepfakes", cuando éste cause perjuicio a otras personas.
La modificación legal, publicada mediante el Decreto 214/2026 en el Diario Oficial del Estado, contempla penas de seis meses a tres años de prisión y multas que pueden superar los 234 mil pesos para quienes generen o divulguen imágenes, videos, audios o cualquier otro material fabricado con inteligencia artificial con el propósito de afectar la reputación, privacidad o derechos de terceros.
Respuesta legal a una nueva amenaza digital
La reforma nació de la unión de dos iniciativas presentadas en el Congreso del Estado. Una fue impulsada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, derivada de propuestas surgidas durante el Parlamento Juvenil 2025 sobre violencia digital y chantaje; la otra fue promovida por el diputado Gaspar Armando Quintal Parra, del PRI, quien desde 2023 planteó la necesidad de regular los riesgos asociados con los llamados deepfakes.
Ambas propuestas fueron integradas en un solo dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública antes de recibir el aval del Pleno.
Con ello, el Código Penal incorpora el artículo 243 Bis 14, que tipifica el delito de uso indebido de software de inteligencia artificial, reconociendo por primera vez este tipo de conductas como una figura penal específica.
Protección reforzada a la intimidad
Uno de los cambios más relevantes amplía el delito de violación a la intimidad sexual, estableciendo que también será sancionada la elaboración o alteración de imágenes, videos o audios íntimos mediante inteligencia artificial, aprendizaje automático o herramientas de edición digital.
La reforma castiga no solo la difusión de material auténtico, sino también la creación de contenido completamente falso que utilice el rostro, la voz o el cuerpo de una persona con fines sexuales, aun cuando dichas escenas nunca hayan ocurrido en la realidad.
Las penas previstas para este delito se mantienen entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas, pero podrán incrementarse cuando existan circunstancias agravantes.
Castigos más severos en casos de fraude y chantaje
El nuevo marco jurídico también fortalece las sanciones para quienes utilicen inteligencia artificial en otros delitos.
Entre las agravantes se encuentran los casos en que las víctimas sean menores de edad, cuando existan múltiples afectados, cuando el contenido sea difundido en escuelas o grupos creados para compartir ese material, cuando intervengan docentes o servidores públicos, cuando se utilicen datos obtenidos de redes sociales sin autorización o cuando exista un beneficio económico.
Asimismo, la legislación endurece las penas por fraude cometido mediante suplantación de identidad, falsificación documental o generación de contenido engañoso con inteligencia artificial, además de equiparar al delito de chantaje la difusión de contenido falso utilizado para intimidar, difamar o exigir dinero a una persona.
En el caso de servidores públicos responsables de estas conductas, además de las sanciones penales se contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas.
El "stalking" y las pruebas falsas también quedan regulados
La reforma también redefine el delito de acecho o "stalking", ampliando las conductas consideradas como persecución, incluyendo el contacto reiterado por medios digitales o el uso invasivo de información personal que genere miedo, intranquilidad o afecte gravemente la libertad de la víctima.
De igual forma, se modificó el Código Penal para permitir que las penas se incrementen cuando, durante un proceso judicial, se demuestre que las pruebas fueron creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial, buscando evitar que evidencia digital falsificada influya en decisiones judiciales.
Un paso hacia la regulación de la inteligencia artificial
Con esta reforma, Yucatán se suma al grupo de entidades que buscan adaptar su legislación al rápido avance de las tecnologías generativas y a los riesgos que representan cuando son utilizadas con fines ilícitos.
Especialistas consideran que el reto ahora será dotar a las fiscalías y autoridades investigadoras de las herramientas técnicas necesarias para identificar contenido generado con inteligencia artificial y sustentar adecuadamente las pruebas ante los tribunales.
La nueva legislación refleja la creciente preocupación por los delitos digitales y busca ofrecer mayor protección frente a prácticas que afectan la privacidad, la reputación y la seguridad de las personas en un entorno donde la inteligencia artificial es cada vez más accesible.




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