Renuncia de Mónica Soto prolongará una crisis de integración que acumula más de 300 días
México, a 20 de agosto de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad electoral del país, llegará al proceso electoral de 2027 con cinco de sus siete magistraturas, luego de que el Senado de la República autorizara la renuncia de la magistrada Mónica Soto, efectiva a partir del 31 de agosto.
La salida de Soto prolongará una etapa de integración incompleta que comenzó el 1 de noviembre de 2025, tras la conclusión del encargo de Janine Otálora. De esta manera, el órgano jurisdiccional acumulará más de 300 días sin contar con la totalidad de sus integrantes.
Aunque la ausencia representa casi 30 por ciento de las magistraturas, la Sala Superior mantendrá el quórum legal necesario para sesionar y resolver asuntos electorales, incluidos aquellos relacionados con partidos políticos y procesos comiciales.
Un problema que se repite
La falta de integrantes no es un fenómeno nuevo para el Tribunal Electoral. Antes de esta nueva etapa de vacantes, la Sala Superior permaneció completa únicamente durante 61 días.
El periodo más prolongado de integración incompleta ocurrió entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de agosto de 2025, cuando concluyeron los cargos de Indalfer Infante y José Luis Vargas sin que el Senado designara de inmediato a sus sustitutos. En total, fueron 670 días con dos magistraturas vacantes.
Durante la elección presidencial de 2024, esta situación incluso obligó a recurrir a una magistratura temporal: Claudia Valle Aguilasocho, entonces integrante de la Sala Regional Monterrey, fue llamada para participar en las decisiones del máximo órgano electoral.
El antecedente revela una constante: la Sala Superior ha tenido que operar en distintos momentos con una integración distinta a la prevista originalmente, lo que adquiere especial relevancia cuando se aproxima un proceso electoral de alcance nacional.
El reto de las elecciones presidenciales
La dimensión de las vacantes también tiene implicaciones jurídicas. Para declarar la validez o nulidad de una elección presidencial y determinar quién resultó electo, se requiere la presencia de al menos seis magistraturas.
Por ello, aunque la salida de Soto no impedirá que la Sala Superior funcione ordinariamente, sí deja sobre la mesa un escenario de mayor complejidad para decisiones de máxima trascendencia electoral.
La vacante que dejará la magistrada deberá ser ocupada por una persona del mismo género que obtuvo el segundo lugar en la elección correspondiente. Sin embargo, el caso de Soto presenta una particularidad: ella no llegó al cargo mediante voto popular y su magistratura no formó parte de la elección judicial de 2025.
Las magistraturas que actualmente permanecen en funciones tienen previsto renovarse mediante la elección federal de 2028, de acuerdo con el escenario descrito en la información de referencia.
Una institución acostumbrada a funcionar incompleta
Desde su creación en 1996, la máxima autoridad electoral del país ha acumulado casi cuatro años y medio de periodos con alguna de sus siete magistraturas vacantes.
El periodo de 2023 a 2025 representa la mayor racha de incompletitud, seguido por el registrado entre 2015 y 2016, con 563 días, y otro ocurrido entre enero y abril de 2005, que se extendió durante 105 días.
Más que una circunstancia aislada, la sucesión de vacantes dibuja una problemática institucional que reaparece cada cierto tiempo y que adquiere mayor peso cuando el país se aproxima a procesos electorales relevantes. La Sala Superior conserva capacidad para resolver y mantener su actividad jurisdiccional, pero lo hace con una estructura que vuelve a alejarse de la integración ideal de siete magistraturas.
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