Rubén Rocha Moya retoma la gubernatura de Sinaloa entre acusaciones y críticas de la oposición

PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Rosario Robles cuestionan su regreso y denuncian un supuesto pacto de impunidad

Sinaloa, a 21 de agosto de 2026.- Rubén Rocha Moya regresó este viernes a sus actividades como gobernador de Sinaloa, después de una licencia de más de tres meses que estuvo marcada por acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y por investigaciones de autoridades mexicanas.

El retorno del mandatario no pasó inadvertido en el escenario político nacional. Desde distintos sectores de la oposición surgieron críticas que cuestionaron tanto la decisión de permitir su regreso como el contexto en el que ocurre.

El caso vuelve a colocar a Sinaloa en el centro de una discusión que rebasa la esfera estatal: hasta dónde una acusación de esta naturaleza debe afectar la permanencia de un funcionario en el poder y qué papel deben desempeñar las instituciones encargadas de investigar y determinar responsabilidades.

Rosario Robles cuestiona el mensaje de impunidad

Entre las voces más críticas estuvo la exjefa de Gobierno y exfuncionaria federal Rosario Robles, quien cuestionó que en México las acusaciones de posibles acuerdos con el crimen organizado no necesariamente tengan consecuencias políticas o judiciales.

Robles sostuvo que pactar con el crimen organizado para obtener beneficios electorales no necesariamente provoca la salida del cargo ni el encarcelamiento de un político. En referencia directa al regreso de Rocha Moya, calificó el periodo de licencia como una especie de pausa sin consecuencias y acusó a la Fiscalía General de la República de haber favorecido al mandatario.

Su crítica coloca el regreso del gobernador dentro de una narrativa más amplia sobre impunidad y rendición de cuentas, especialmente cuando las acusaciones involucran posibles relaciones entre estructuras políticas y organizaciones criminales.

El PRI habla de un “pacto de impunidad”

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, también arremetió contra el retorno de Rocha Moya.

La dirigente priista sostuvo que regresar a la gubernatura no representa una exoneración y, por el contrario, consideró que exhibe lo que calificó como un pacto de impunidad.

Viggiano hizo referencia a los señalamientos atribuidos a una corte federal de Estados Unidos sobre una presunta conspiración con integrantes de Los Chapitos para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas, a cambio de sobornos y respaldo político.

Ante esas acusaciones, sostuvo que Rocha Moya debería responder ante la justicia en lugar de regresar al ejercicio del poder.

El caso Cuén vuelve al debate político

La priista también vinculó el caso con la investigación sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén, adversario político de Rocha Moya.

Viggiano acusó a la Fiscalía de Sinaloa, durante el gobierno de Rocha Moya, de haber sostenido inicialmente una versión sobre el asesinato ocurrido durante un supuesto asalto en una gasolinera.

De acuerdo con su señalamiento, posteriormente la FGR habría desmontado esa versión al establecer que el homicidio ocurrió horas antes y en otro sitio.

La acusación política vuelve a colocar este expediente como uno de los elementos más sensibles alrededor de la administración estatal, al plantear interrogantes sobre la actuación de las instituciones locales y la manera en que se manejaron las primeras investigaciones.

Críticas desde PAN y Movimiento Ciudadano

Las reacciones también llegaron desde otras fuerzas políticas.

La senadora del PAN Lilly Téllez cuestionó el regreso del gobernador y sostuvo que el episodio constituye una muestra de lo que calificó como sometimiento del país a intereses relacionados con el narcotráfico.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, calificó la vuelta de Rocha Moya como un motivo de “vergüenza nacional” y cuestionó el mensaje que, desde su perspectiva, representa para el país.

Las expresiones de ambos dirigentes muestran que el regreso del gobernador no solamente tendrá repercusiones en la política sinaloense. El tema se ha convertido también en un punto de confrontación entre el oficialismo y sus adversarios a nivel nacional.

Un regreso que abre más preguntas que certezas

El retorno de Rocha Moya representa, en términos administrativos, la reanudación de sus funciones al frente del estado. Sin embargo, políticamente llega acompañado de una carga considerable de cuestionamientos.

Las acusaciones formuladas desde Estados Unidos y las investigaciones emprendidas en México han convertido su permanencia en el cargo en un asunto de debate público, mientras que la oposición utiliza el caso para cuestionar los mecanismos de rendición de cuentas del poder.

Al mismo tiempo, las acusaciones políticas no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial. La responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades competentes mediante investigaciones y procesos con las garantías legales correspondientes.

El contraste entre ambas dimensiones —la legal y la política— explica la intensidad de las críticas. Rocha Moya puede retomar sus funciones, pero su regreso no cierra la controversia: la coloca nuevamente frente a las instituciones y a la opinión pública.