Plan B reduciría en 453 millones de pesos el presupuesto del Congreso de Michoacán, advierte Baltazar Gaona

El presidente de la Mesa Directiva señala que la aplicación de la reforma constitucional implicaría un recorte del 37 por ciento al Poder Legislativo

Michoacán, a 7 de agosto de 2026.- La posible aplicación del denominado Plan B a partir de enero de 2027 podría representar uno de los ajustes presupuestales más importantes para el Congreso del Estado de Michoacán en los últimos años, al contemplarse una reducción cercana a 453 millones de pesos, situación que, de concretarse, tendría repercusiones en la operación administrativa, el personal y las obligaciones financieras del Poder Legislativo.

Así lo advirtió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García, quien explicó que el Gobierno del Estado remitió al Poder Legislativo un documento mediante el cual solicita que, para el Presupuesto de Egresos 2027, se aplique la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un límite al presupuesto destinado a los congresos estatales.

De acuerdo con el legislador, la disposición constitucional determina que el presupuesto del Poder Legislativo no podrá superar el 0.70 por ciento del gasto total estatal, lo que modificaría de manera significativa los recursos disponibles para el funcionamiento del Congreso michoacano.

Reducción millonaria modificaría el funcionamiento del Congreso

Baltazar Gaona detalló que, con base en el presupuesto estatal considerado para 2026, que asciende a 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, el Congreso de Michoacán recibiría alrededor de 755 millones de pesos si se aplica el nuevo porcentaje previsto en la reforma.

Actualmente, el Poder Legislativo ejerce un presupuesto cercano a mil 209 millones de pesos, por lo que la diferencia representaría un recorte aproximado de 453 millones de pesos, equivalente a una disminución del 37 por ciento.

El diputado afirmó que una reducción de esa magnitud obligaría a replantear prácticamente toda la estructura operativa del Congreso, desde la plantilla laboral hasta los contratos con proveedores y diversos servicios institucionales.

"Si esto se aplicara tal cual, sí sería un grave problema para el Congreso del Estado. Habría una afectación del 37 por ciento; entonces tendríamos que reducir todo en esa misma proporción: personal, proveedores y, desde luego, los recursos destinados a gestión legislativa, asesores y otros conceptos", expresó.

Posibles despidos y recortes en servicios

El presidente de la Mesa Directiva señaló que una disminución presupuestal de esta magnitud tendría consecuencias directas en el funcionamiento cotidiano del Congreso.

Explicó que sería necesario reducir personal, revisar contratos con proveedores, disminuir gastos operativos e incluso replantear diversos apoyos relacionados con la actividad legislativa.

Asimismo, advirtió que el ajuste podría afectar la capacidad institucional para atender las funciones parlamentarias, la atención ciudadana y el desarrollo de actividades administrativas que actualmente dependen del presupuesto autorizado.

Cuestionan aplicación anticipada de la reforma

Gaona García manifestó que, aunque respalda el espíritu del Plan B, considera que la aplicación del nuevo esquema presupuestal pretende realizarse de manera anticipada.

Argumentó que la reforma constitucional establece su entrada en vigor con la siguiente Legislatura, por lo que, a su juicio, aún existen aspectos jurídicos y administrativos que deben analizarse antes de aplicar el nuevo porcentaje presupuestal.

Además, señaló que hasta el momento no se han sostenido reuniones con el sindicato del Congreso, trabajadores, proveedores ni medios de comunicación que mantienen contratos vigentes con el Poder Legislativo para evaluar el impacto que tendría la reducción de recursos.

Obligaciones laborales complican el panorama financiero

Otro de los factores que preocupa al presidente de la Mesa Directiva son los compromisos laborales que enfrenta actualmente el Congreso del Estado.

Explicó que el Poder Legislativo mantiene alrededor de 110 demandas laborales, situación que podría agravarse con el cambio de Legislatura debido a posibles liquidaciones y nuevos compromisos derivados de la renovación administrativa.

Por ello, consideró que, lejos de disminuir, el presupuesto debería contemplar al menos 150 millones de pesos adicionales para hacer frente al pago de laudos, indemnizaciones y demás obligaciones laborales que actualmente enfrenta la institución.

El legislador advirtió que una reducción presupuestal sin considerar estos compromisos podría generar mayores dificultades financieras y nuevos conflictos jurídicos para el Congreso.

Pide que los ajustes alcancen a todo el aparato gubernamental

Aunque reiteró su respaldo a las medidas de austeridad contempladas en el Plan B, Baltazar Gaona sostuvo que dichas acciones deben aplicarse de manera uniforme en todas las instituciones públicas.

En ese sentido, propuso revisar los presupuestos, estructuras administrativas y nóminas de los poderes Ejecutivo, Judicial y de los organismos autónomos, con el propósito de identificar posibles gastos innecesarios, casos de nepotismo y áreas donde sea posible generar ahorros sin comprometer la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, planteó fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo una mayor supervisión sobre el ejercicio del gasto público por parte de las dependencias estatales.

Debate sobre austeridad y funcionamiento institucional

La advertencia realizada por la Mesa Directiva abre un nuevo debate sobre los alcances de las políticas de austeridad en Michoacán y el equilibrio entre la reducción del gasto público y la capacidad operativa de las instituciones.

Mientras las reformas buscan optimizar el uso de los recursos públicos, el Congreso sostiene que cualquier ajuste deberá considerar las obligaciones legales, laborales y administrativas que enfrenta el Poder Legislativo para evitar afectar su funcionamiento y la atención de sus responsabilidades constitucionales.