Gobierno estatal reporta 106 audiencias ciudadanas por invasiones o afectaciones patrimoniales y mantiene una auditorÃa a las 260 notarÃas de la entidad.
Xalapa, Ver., a 20 de agosto de 2026.- Los notarios públicos que incumplan con su responsabilidad de proteger el patrimonio de los ciudadanos y participen en actos ilÃcitos relacionados con el despojo de inmuebles deben perder de manera definitiva su patente, sostuvo Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz.
La postura del legislador del Partido Verde surge en medio de los señalamientos sobre la presunta existencia de un “cártel inmobiliario” dedicado al despojo de viviendas en Veracruz, caso en el que la FiscalÃa General del Estado (FGE) consiguió la detención y vinculación a proceso del abogado Salvador MatÃas N.
Ruiz Sánchez consideró que la función notarial no puede limitarse a formalizar operaciones, debido a que quienes ejercen esta actividad son depositarios de la fe pública y tienen la obligación de verificar la documentación que acredita la propiedad de los inmuebles.
“Los notarios son depositarios de la fe pública del Estado”, señaló, al insistir en que cualquier profesional que incurra en irregularidades debe enfrentar consecuencias administrativas y, de ser el caso, penales.
Veracruz, entre las entidades con más denuncias
El despojo de inmuebles representa uno de los principales focos de preocupación en materia patrimonial. Durante el primer semestre de 2026, Veracruz se ubicó en el quinto lugar nacional por este delito, con 774 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para el diputado, la dimensión del problema obliga a revisar los mecanismos de prevención y actuación institucional, particularmente porque una disputa por una propiedad puede terminar afectando el patrimonio y la estabilidad de familias completas.
El legislador afirmó que quienes participen en actos de despojo deben responder por los daños ocasionados y que el marco jurÃdico debe contar con herramientas suficientes para prevenir que documentos falsos, poderes irregulares o simulaciones jurÃdicas sean utilizados para apropiarse de bienes ajenos.
Revisarán reformas para cerrar vacÃos legales
Ruiz Sánchez adelantó que la Comisión de Gobernación revisará una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Notariado y el Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, propuesta por la diputada del PT Elizabeth Morales GarcÃa.
Entre los planteamientos se encuentra establecer una verificación preventiva reforzada antes de ordenar el remate de un inmueble, especialmente cuando la persona demandada no haya comparecido al juicio, haya sido declarada en rebeldÃa o haya sido emplazada mediante edictos.
El diputado también planteó revisar el Código Penal para determinar las competencias y el impacto de las modificaciones propuestas, bajo la premisa de que el marco jurÃdico debe servir para contener y combatir los delitos que afectan directamente los derechos patrimoniales.
Gobierno identifica conflictos y posibles delitos
Por separado, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que la administración estatal ha atendido 106 audiencias ciudadanas relacionadas con invasiones o afectaciones al patrimonio.
Del total, explicó, aproximadamente 92 por ciento corresponde a conflictos entre particulares, entre ellos problemas derivados de créditos hipotecarios bancarios o civiles, contratos privados de compraventa y disputas por sucesiones testamentarias o intestamentarias.
El 8 por ciento restante presenta irregularidades graves o posibles delitos, como utilización de documentos falsos, suplantación de identidad, falsificación de poderes notariales y simulación de actos jurÃdicos.
Como parte de las acciones de revisión, el Gobierno estatal realiza una auditorÃa a las 260 notarÃas de Veracruz, proceso que está previsto para concluir en diciembre y que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación.
Asimismo, la SecretarÃa de Gobierno mantiene bajo su administración 62 notarÃas vacantes por cesantÃa o retiro de sus titulares, con la responsabilidad de resguardar sus archivos y atender las dudas de los usuarios.
Más controles para los desalojos
Otro de los puntos que serán revisados es la ejecución de órdenes de desalojo. En coordinación con la SecretarÃa de Seguridad Pública, las autoridades estatales plantean analizar minuciosamente estos mandamientos antes de ejecutarlos, con el objetivo de verificar que cuenten con sustento legal.
La gobernadora RocÃo Nahle GarcÃa también respaldó la propuesta de crear un área especializada dentro de la FiscalÃa General del Estado para investigar los delitos patrimoniales y avanzar en el desmantelamiento de las presuntas redes de corrupción inmobiliaria.
El debate coloca nuevamente en el centro la responsabilidad de las instituciones que intervienen en la transmisión y protección de la propiedad privada. Más allá de los conflictos particulares, los casos denunciados muestran la necesidad de fortalecer los filtros antes de que una operación inmobiliaria se convierta en un litigio o, peor aún, en la pérdida del patrimonio de una familia.
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