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Alcalde de Reynosa niega responsabilidad municipal en predios ligados a huachicoleo

Afirma que vecinos ya habían denunciado residuos peligrosos en la zona y anuncia derecho de réplica contra la revista Proceso
Tamaulipas, a 9 de agosto de 2026.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, rechazó cualquier responsabilidad del Gobierno Municipal en los predios donde recientemente fueron aseguradas presuntas instalaciones relacionadas con el procesamiento ilegal de hidrocarburos y cuestionó la información publicada por la revista Proceso sobre las atribuciones del Ayuntamiento.

Durante una declaración pública, el edil sostuvo que la legislación federal establece límites claros para los municipios en materia de hidrocarburos, por lo que negó que su administración tenga facultades para autorizar, inspeccionar o regular instalaciones relacionadas con este sector.

Ayuntamiento niega tener facultades sobre hidrocarburos

Peña Ortiz enfatizó que “los municipios no tenemos injerencia en temas de hidrocarburos”, al señalar que el Ayuntamiento tampoco puede expedir licencias, permisos o realizar trámites relacionados directamente con este tipo de instalaciones.

El alcalde añadió que existen restricciones legales respecto de las atribuciones municipales en materias como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Ecología y uso de suelo, particularmente en determinadas áreas.

Ante los señalamientos difundidos públicamente, pidió a la ciudadanía revisar la legislación vigente antes de establecer responsabilidades y aseguró que existen jurisprudencias que delimitan las competencias de los diferentes órdenes de gobierno.

Vecinos ya habían denunciado residuos peligrosos

El presidente municipal reveló que hace aproximadamente dos o tres años habitantes de la zona conocida como brecha del BCR reportaron la presunta disposición ilegal de residuos peligrosos.

A partir de esas denuncias, explicó, personal municipal realizó recorridos para tratar de identificar el origen de los desechos.

Durante aquellas inspecciones, los trabajadores municipales encontraron varios predios que contaban con instalaciones de características similares a las que actualmente son objeto de investigación.

Sin embargo, de acuerdo con la versión del alcalde, los inmuebles ya habían sido clausurados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por lo que durante los recorridos municipales no se detectó actividad en su interior.

“No sé qué pasó posteriormente”

Peña Ortiz reconoció que desconoce qué ocurrió posteriormente en esos lugares y sostuvo que corresponde a las autoridades federales determinar cómo volvieron a operar, en caso de confirmarse que existieron actividades ilícitas.

“No sé qué pasó posteriormente”, expresó el alcalde, al insistir en que serán las instancias federales las encargadas de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El señalamiento coloca nuevamente el caso en el ámbito de las autoridades federales, particularmente por tratarse de instalaciones presuntamente relacionadas con hidrocarburos y actividades que, según la postura municipal, exceden las competencias del Ayuntamiento.

Acusa contexto político y anuncia derecho de réplica

El alcalde también consideró que los señalamientos en su contra ocurren en un contexto político y electoral.

Peña Ortiz sostuvo que actualmente existen intereses políticos detrás de algunas acusaciones y afirmó que se pretende responsabilizar a personas que, según su postura, no tienen relación con los hechos investigados.

Ante la publicación de Proceso, anunció que solicitará un derecho de réplica, al considerar que la información difundida contiene errores respecto de las facultades del Gobierno Municipal y que esto habría generado desinformación entre la población.

Una disputa que ahora escala al terreno político

El caso abre dos frentes paralelos: por un lado, la investigación de las presuntas instalaciones vinculadas con el procesamiento ilegal de hidrocarburos; por otro, el debate sobre las responsabilidades que corresponden a cada nivel de gobierno.

Mientras las autoridades federales deberán esclarecer el origen y funcionamiento de los predios asegurados, el Ayuntamiento de Reynosa busca dejar clara su posición y deslindarse de cualquier responsabilidad administrativa que, de acuerdo con el alcalde, no le corresponde legalmente.

La solicitud de derecho de réplica anunciada por Peña Ortiz llevará ahora la discusión al terreno de la confrontación pública entre la versión municipal y los señalamientos publicados.

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