-107 familias fueron víctimas de un esquema de compraventa de viviendas que operaba con aparente respaldo legal
-Además de la condena, el responsable deberá cubrir una reparación del daño cercana a los 30 millones de pesos
Guanajuato, a 4 de julio de 2026.- Un tribunal de Guanajuato dictó una de las sentencias más severas en materia de fraude patrimonial al condenar a Edgar Francisco Franco Ríos, identificado como integrante del despacho jurídico Punto Legal, a más de mil 18 años de prisión por su responsabilidad en un fraude inmobiliario que dejó sin patrimonio a 107 familias.
La resolución judicial representa un precedente en el combate a los delitos financieros de alto impacto, al sancionar un esquema que, según las investigaciones, utilizó mecanismos con apariencia de legalidad para engañar a decenas de personas que buscaban adquirir una vivienda.
Un esquema que aprovechó la confianza de las familias
Las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato establecieron que el ahora sentenciado encabezó un mecanismo mediante el cual se ofrecían viviendas bajo procesos aparentemente legales, generando confianza entre los compradores.
Sin embargo, las operaciones carecían del sustento jurídico necesario para concretar las ventas, provocando que las familias entregaran importantes cantidades de dinero sin obtener la propiedad de los inmuebles prometidos.
El fraude afectó directamente a 107 familias, muchas de las cuales invirtieron los ahorros de toda una vida con la esperanza de contar con un patrimonio propio.
Reparación del daño por casi 30 millones de pesos
Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial ordenó una reparación del daño cercana a los 30 millones de pesos, recursos que deberán destinarse a resarcir las afectaciones económicas ocasionadas a las víctimas.
La resolución busca no solo castigar al responsable, sino también ofrecer una compensación a quienes resultaron perjudicados por el esquema fraudulento.
Especialistas señalan que este tipo de sentencias envía un mensaje sobre la importancia de fortalecer la protección jurídica en las operaciones inmobiliarias y de verificar la legalidad de los procesos antes de realizar cualquier inversión patrimonial.
Un precedente contra los fraudes inmobiliarios
La Fiscalía General del Estado calificó la condena como un caso emblemático, al considerar el profundo impacto económico y social que el fraude provocó en decenas de hogares.
La institución destacó que este fallo reafirma el compromiso de perseguir los delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía y de llevar ante la justicia a quienes utilizan estructuras aparentemente legales para cometer actos ilícitos.
Asimismo, reiteró el llamado a la población para verificar la autenticidad de contratos, desarrollos habitacionales y empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles antes de concretar cualquier operación.
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