La acción judicial también alcanza a dirigentes sindicales y campesinos señalados por su presunta participación en los hechos
Bolivia, a 29 de julio de 2026.- La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien señala por su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio de este año, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que generaron afectaciones en diversas regiones del país.
La determinación judicial marca un nuevo episodio en la confrontación política boliviana y profundiza la crisis entre el gobierno y el exmandatario, quien rechaza las acusaciones y sostiene que las manifestaciones respondieron a demandas sociales legítimas.
Acusaciones por terrorismo y atentados contra la seguridad
La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Brayan Melgar, quien atribuye a Morales diversos delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra los servicios públicos.
De acuerdo con la investigación, el exmandatario habría tenido participación en la organización y desarrollo de los bloqueos carreteros que paralizaron importantes rutas del país durante varias semanas, afectando el transporte, el comercio y el abastecimiento de productos.
La medida también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al principal líder campesino del departamento de La Paz, Vicente Salazar, quienes enfrentan señalamientos similares por su presunta participación en las movilizaciones.
Morales rechaza las acusaciones
Tras conocerse la orden de captura, personas cercanas al exmandatario confirmaron la existencia del mandamiento judicial, mientras que Evo Morales reiteró que nunca promovió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El exjefe de Estado aseguró que las movilizaciones tuvieron como objetivo exigir respuestas del Gobierno a las demandas de diversos sectores sociales y no buscar la desestabilización institucional del país.
Su postura contrasta con la versión de la Fiscalía, que considera que las protestas trascendieron el derecho a la manifestación y constituyeron acciones que pusieron en riesgo la seguridad del Estado y el funcionamiento de los servicios públicos.
Un nuevo capítulo de la crisis política boliviana
La orden de captura se produce en un contexto de alta polarización política en Bolivia, donde las diferencias entre el gobierno y los sectores afines a Evo Morales se han intensificado en los últimos meses.
Analistas consideran que este proceso judicial podría incrementar la tensión social y política, especialmente entre organizaciones sindicales, campesinas e indígenas que mantienen respaldo al exmandatario y han cuestionado las acciones emprendidas por las autoridades.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el grado de participación de los señalados y deslindar responsabilidades conforme al avance del proceso penal.
La justicia entra en el centro del conflicto político
Con la emisión de la orden de captura, el caso adquiere una nueva dimensión jurídica y política, al involucrar a uno de los principales actores de la vida pública boliviana.
En las próximas horas se espera la reacción oficial del gobierno y de la defensa de Evo Morales, mientras el proceso judicial avanza en medio de un escenario de incertidumbre y de llamados a que las investigaciones se conduzcan con apego a la legalidad y al debido proceso.
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