Escala conflicto por presunto despojo de terrenos en San Rafael; posesionarios acusan al alcalde de vulnerar sus derechos

Habitantes aseguran contar con documentos de posesión y un amparo federal; denuncian amenazas, ingreso de maquinaria y presión policial

Por Arquímedes González

San Rafael, Ver., a 26 de julio de 2026.- Un grupo de propietarios y posesionarios de terrenos en el municipio de San Rafael denunció públicamente un presunto intento de despojo de sus predios, luego de que el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Gil Armando Méndez Grappin, anunciara que dichos espacios serían destinados al programa Vivienda para el Bienestar.

Durante una conferencia realizada en el propio terreno en disputa, los ciudadanos afirmaron que no se oponen a los programas sociales impulsados por los gobiernos estatal y federal; sin embargo, sostuvieron que estos no deben desarrollarse a costa de propiedades que, aseguran, cuentan con legítimos dueños y documentos que acreditan su posesión.

Los inconformes hicieron un llamado a la gobernadora de Veracruz, a la presidenta de la República y al Congreso del Estado para que intervengan y garanticen el respeto al estado de derecho, al considerar que sus derechos patrimoniales se encuentran en riesgo.

El conflicto surgió tras anunciarse el proyecto habitacional

Ivana Hernández, quien habló en representación del grupo de afectados, explicó que la inconformidad comenzó después de que el presidente municipal informara públicamente que ya contaba con los terrenos donde se desarrollaría el programa de vivienda.

Indicó que varios de los propietarios buscaron dialogar con el alcalde desde hace meses para aclarar la situación jurídica de los predios; sin embargo, aseguró que no existió disposición para alcanzar un acuerdo.

Según su testimonio, durante esos encuentros recibieron la advertencia de que serían retirados de los terrenos y que el Ayuntamiento procedería con las acciones necesarias para ocuparlos.

Ante ello, explicó, un grupo de propietarios decidió promover un juicio de amparo ante un juez federal para proteger la posesión de los lotes.

"Nosotros no estamos pidiendo vivienda; lo único que queremos es que se respeten nuestros terrenos y nuestros derechos", expresó.

Denuncian ingreso de maquinaria y destrucción de delimitaciones

Los posesionarios señalaron que, pese a la existencia del amparo, en días recientes maquinaria enviada por el Ayuntamiento ingresó al predio para retirar estacas y marcas que delimitaban cada uno de los lotes.

Relataron que los propietarios se organizaron para detener los trabajos y mostrar la resolución judicial que los protege.

De acuerdo con Ivana Hernández, posteriormente fueron convocados a una reunión con el área jurídica del Ayuntamiento, donde —según afirmó— se reconoció que había sido un error introducir maquinaria en un terreno protegido por un juicio de amparo.

A pesar de ello, aseguraron que el conflicto continúa sin resolverse y que las familias viven en incertidumbre por la posibilidad de nuevas intervenciones.

Afirman contar con documentos oficiales

Los manifestantes sostuvieron que poseen constancias de posesión y planos expedidos durante la administración municipal anterior, documentos que contienen firmas y sellos oficiales de quienes integraban el Cabildo.

Indicaron que esos documentos acreditan la posesión legal de los terrenos desde 2023, por lo que solicitaron que autoridades estatales realicen una revisión imparcial del expediente para determinar la situación jurídica.

Asimismo, afirmaron que el objetivo de su movimiento no es impedir la construcción de viviendas para personas necesitadas, sino evitar que se vulneren los derechos de quienes ya poseen legalmente esos espacios.

Acusan amenazas y abuso de autoridad

Durante la conferencia, los ciudadanos también denunciaron haber sido objeto de amenazas e intimidaciones.

Ivana Hernández aseguró que, cuando los propietarios acudieron a detener la maquinaria, elementos de la Policía Municipal fueron enviados al lugar y les advirtieron que serían retirados si no abandonaban el predio.

Según su versión, aun después de mostrar el amparo federal, algunos elementos señalaron que la resolución judicial no impediría la actuación de la autoridad municipal.

Los inconformes calificaron estos hechos como un acto de intimidación y solicitaron que se investigue la actuación de quienes participaron en el operativo.

Comerciantes denuncian represalias

Otra de las participantes, Cesia Gómez, afirmó ser propietaria de uno de los terrenos y comerciante establecida frente al Palacio Municipal.

La ciudadana señaló que, tras expresar su inconformidad ante el alcalde, comenzó a recibir presuntas represalias relacionadas con su actividad comercial.

Aseguró que personas enviadas por el Ayuntamiento acudieron a intimidarla y manifestó temor por la seguridad de su familia.

"Somos personas de trabajo; únicamente queremos que respeten nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos", expresó durante su intervención.

Más de 280 posesionarios enfrentan incertidumbre

Los representantes del movimiento señalaron que alrededor de 280 posesionarios mantienen derechos sobre distintos lotes ubicados en la zona.

Explicaron que el grupo se dividió cuando algunos aceptaron continuar las gestiones promovidas por el Ayuntamiento, luego de que se les prometiera avanzar en la regularización de los predios mediante un acta de Cabildo.

Sin embargo, afirmaron que hasta el momento esas personas tampoco han obtenido respuesta definitiva, por lo que invitaron a quienes aún enfrentan incertidumbre jurídica a integrarse al juicio de amparo para fortalecer la defensa colectiva.

Los inconformes insistieron en que su movimiento no tiene fines políticos ni busca confrontar a la administración municipal, sino hacer valer sus derechos conforme a la ley.

Piden intervención de las autoridades estatales

Los manifestantes concluyeron solicitando la intervención de la gobernadora de Veracruz, del Congreso del Estado y de las autoridades competentes para instalar una mesa de diálogo que permita revisar la situación jurídica de los terrenos y alcanzar una solución conforme al marco legal.

Hasta el momento de la manifestación, el Ayuntamiento de San Rafael no había emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos realizados por los posesionarios, por lo que las acusaciones corresponden a la versión expresada públicamente por los ciudadanos inconformes.